Cuentas
claras

Control ciudadano
en tiempo real

En 140

El presupuesto público es de todos. Que cada gasto se publique online antes de efectuarse. Programa #CuentasClaras.

La propuesta

Proponemos poner en marcha un mecanismo de control ciudadano directo del gasto estatal. Todo gasto público, con monto del gasto y nombre de beneficiario, incluidos los accionistas en el caso de contrataciones a empresas, tendrá que figurar en la web antes de ser pagado, y deberá estar fácilmente disponible para la búsqueda. Se incluyen absolutamente todas las erogaciones del Estado nacional: pagos por obras, de deuda, sueldos, jubilaciones, planes sociales, y gastos de empresas públicas. Para contrataciones de más de cierto monto, se harán disponibles además los procesos de licitación, contratos, certificados de recepción, evaluaciones de calidad e informes de auditoría.

Además, proponemos un sistema de "publicidad ciega": que el Estado otorgue pauta publicitaria independientemente de la línea editorial de los medios de comunicación. Un periódico, un programa de radio o de TV o un sitio web podrán averiguar en una página de Internet, de manera automática, qué monto de publicidad les corresponde dados sus parámetros de circulación, cobertura geográfica, periodicidad, tráfico, etc., siempre promoviendo a los medios pequeños e independientes. 

Estas dos medidas son parte de una agenda más amplia de transparencia y acceso a la información pública. Nada combate más a la corrupción y a la ineficiencia que los ciudadanos con poder para controlar a sus gobernantes.

 


 

¿Cuáles son los beneficios?

El derecho al acceso a la información pública consiste en que los ciudadanos dispongan de la información necesaria para una participación real y responsable en los asuntos públicos. Recordemos la definición de democracia: gobierno del pueblo. Claro que se gobierna a través de representantes, pero si los ciudadanos no pueden controlar al gobierno, están cediendo por completo ese poder.

No se trata sólo de garantías del uso de los fondos públicos. Se trata, también, de funcionar bien en la economía del conocimiento. No se pueden proyectar o enderezar políticas públicas sin tener datos verdaderos y actualizados, abiertos a toda la ciudadanía.

El derecho a acceder a información pública nos permite acceder a otros derechos. Por ejemplo, si conocemos los compromisos de un prestador de servicios de salud en un contrato con el PAMI, sabremos cuál es el tiempo de espera normal para un turno de atención médica y cuándo está incumpliendo con sus obligaciones. O si tenemos acceso a los certificados de recepción de obra y las fotos de una ruta, sabremos si se ha pagado por un trabajo de infraestructura realmente realizado.

La transparencia rompe con la relación asimétrica entre gobernantes y gobernados.

Si la ciudadanía conoce cómo funcionan las instituciones y cómo se maneja el dinero de sus impuestos, se previenen actos ilegales y, por lo tanto, se impide generar el hábitat para un sistema corrupto de gobierno.

Se expone, además, la preocupación (o falta de ella) por parte de los funcionarios por explicar, por hacer comprender, por reconocer errores, por abrir archivos y por describir fielmente hechos y circunstancias que son parte de la actividad diaria del Estado.

La transparencia no tiene ideología. Es un mecanismo indispensable para la gestión pública de todo gobierno democrático.

 

Acceso a la información pública hoy

 

Junto a Venezuela, Bolivia y Costa Rica, Argentina es uno de los cuatro países latinoamericanos que no cuentan con una ley de acceso a la información pública, una ley vital para la democracia, sancionada en noventa países en el mundo y utilizada por millones de personas en el planeta para sus cuestiones cotidianas.

Hoy no podemos conocer los actos de gobierno ni podemos tener información real sobre subsidios, planes y estrategias a largo plazo. Es necesaria una ley que obligue al Estado o a quienes reciben dinero del Estado a dar respuestas.

El acceso a la información pública es un derecho reconocido desde hace varias décadas en diversas declaraciones y tratados, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que cuentan con jerarquía constitucional. El derecho al acceso a la información pública fue incorporado a la Constitución argentina en la reforma de 1994.

Argentina ha recibido varios llamados de atención en organismos internacionales con relación al derecho al acceso a la información pública y, además, el Gobierno actual ha recibido cuatro condenas de la CSJN por no respetar este derecho.

  

Más herramientas para un gobierno abierto 

➔  Promoción de una ley nacional para el ejercicio del acceso a la información como un derecho humano.

➔  Transparencia activa.

➔  Uso de los datos abiertos de información pública como una herramienta indispensable para la generación de la apertura de la gestión. Fortalecimiento de los órganos de control.

➔  Sistema de declaraciones juradas detallado y comparable en el tiempo, como era antes de la reforma de 2013.

➔  Mecanismos internos de la administración para detectar actos de corrupción.

➔  Publicidad online de auditorías internas e informes de SIGEN (se hicieron secretas a partir de 2010).

➔  Difusión de la actividad pública.

➔  Actualización de los procesos de licitaciones y contrataciones públicas.

➔  Inclusión de todos los poderes públicos en las políticas de publicidad de información.

Mecanismos y herramientas para reducir la impunidad.

➔  Auditorías de causas judiciales de corrupción.

➔  Ley de publicidad oficial.

➔  Calidad y acceso a las estadísticas de la gestión pública.

➔  Producción de información y calidad de la respuesta.

➔  Protección de datos personales (habeas data)

➔  Derechos digitales (neutralidad de la red)

➔  Acceso a información sobre industrias de alto impacto fiscal, ambiental y social (extractivas, recursos naturales, etc.). Publicación proactiva de datos de flujos financieros de concesionarios de estas actividades (impuestos, contrataciones) con estándares internacionales.

➔  Fomento de las audiencias públicas.

➔  Mecanismos de inclusión de la sociedad en la toma de decisiones sobre las actividades de la gestión.

➔  Fortalecimiento de los presupuestos participativos comunales.

➔  Auditorías sociales.

➔  Inclusión de la comunidad a través del uso de redes sociales para fomentar el debate público.

➔  Apertura a la ciudadanía de los procesos de designación de funcionarios clave (fiscales, jueces, defensores del pueblo, órganos de control).

➔  Fortalecimiento de los partidos políticos.

➔  Apoyo al desarrollo de la institucionalidad y crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.