Energía y minería

La propuesta

La Argentina presenta una matriz energética excesivamente sesgada hacia el uso de hidrocarburos, que representan un 87 % de la Oferta Interna de Energía Primaria. En los últimos años, dicha tendencia se profundizó. Aún en un contexto de declinación de las reservas y producción de petróleo y gas, el gran protagonista del crecimiento de la capacidad instalada de generación eléctrica ha sido el parque térmico, alimentado por combustibles fósiles, cada vez más costosos, importados y contaminantes.

La Argentina del futuro va a necesitar mucha energía y para que el desarrollo argentino sea sostenible necesitamos que el suministro de esa energía sea confiable, asequible y amigable con el ambiente. Es por esto que vamos a diversificar nuestra matriz, a través de la diversificación del suministro y apuntando a lograr la seguridad energética. La incorporación a gran escala de energías renovables, acompañada de políticas públicas que promuevan el uso eficiente de la energía, resultará una herramienta indispensable para incrementar la sostenibilidad energética, disminuyendo el uso de combustibles fósiles importados y reduciendo el impacto negativo sobre el ambiente. 

 


 

Con nuevas energías

Nuestro país cuenta hoy con un alto potencial para dar un rol protagónico a las fuentes renovables de energía en su matriz, tanto por sus vastos recursos naturales, como por el acceso a la tecnología y a los recursos humanos necesarios para enfrentar este desafío. Por ejemplo, la Argentina es el quinto país en el mundo en el potencial de generación de energía eólica:


Potencial de energía eólica onshore

(Lu, Xi, Michael B. McElroy, and Juha Kiviluoma. 2009. Global potential for wind-generated electricity)

Aún con precios que triplican a los que pagan nuestros vecinos, Uruguay, Chile y Brasil, nuestro país no ha logrado el despegue de las energías renovables. Existe consenso en el sector sobre el hecho de que la principal dificultad que enfrenta la inversión privada en el sector energético es el acceso y el costo del financiamiento, lo que impacta particularmente a la incorporación de fuentes renovables de energía, debido al gran compromiso de capital que estos proyectos exigen desde antes del inicio de su ejecución.

El financiamiento escaso y caro al que puede acceder Argentina responde a la incertidumbre y al alto riesgo económico y regulatorio percibido por los inversores en nuestro país. Dicho esto, las principales barreras que operan hoy no son restricciones técnicas, sino políticas.

Existe una íntima relación, bidireccional, entre las políticas de eficiencia energética y las políticas tarifarias. Por un lado, la adecuación tarifaria viabiliza económicamente la ejecución de proyectos y la implementación de políticas de eficiencia que, debido a los bajos precios y tarifas, no encuentran hoy un lugar en la planificación de las empresas y de los individuos. Por otro lado, dichas medidas de eficiencia contribuyen a mitigar el impacto de los incrementos tarifarios en las cuentas de las personas y de las empresas.

Una política energética integral debe, necesariamente, tener en cuenta a la eficiencia energética como una herramienta fundamental para reducir los costos relacionados con el uso de la energía para los usuarios y para el Estado, sin renunciar al confort de los individuos ni a la productividad de las empresas. Al mismo tiempo, debe mitigar la contribución del sector energético a la emisión de Gases de Efecto Invernadero, responsables del cambio climático.

Frente a la declinación de las reservas y de la producción de hidrocarburos, la aparición en el horizonte energético de los recursos de yacimientos no convencionales, como el caso de la formación de Vaca Muerta, representa una opción estratégica para resolver el desbalance entre la oferta y la demanda que enfrenta el mercado energético argentino. Pero también representa un gran desafío.

Para poner dichos recursos en valor, debemos, en primer lugar, restablecer las condiciones necesarias para recuperar la confianza de los inversores en nuestro país. Ese es un desafío que excede al sector energético. Una mirada estratégica sobre el problema hidrocarburífero tiene que apostar a la sostenibilidad de toda la cadena de valor, a facilitar el acceso al financiamiento y la transferencia de tecnología, y a fortalecer las capacidades de la industria local para producir sus propios equipos.

Para recuperar la producción de hidrocarburos, Vaca Muerta es una opción clave, pero no la única. Diseñaremos un plan integral, no sólo enfocado en Vaca Muerta y los recursos no convencionales, sino en todas las áreas con potencial en nuestro territorio.

Existe también potencial en formaciones convencionales, tanto exploradas como inexploradas, como la cuenca Chaco-Paranaense. Debemos lanzar un agresivo plan de exploración, incluyendo los yacimientos actualmente en producción declinante, incrementando la producción secundaria y terciaria y también de las áreas off shore, que cuentan con alto potencial y cuyo desarrollo contribuirá a sostener nuestra posición de soberanía sobre las Islas Malvinas.

 

Energías renovables y eficiencia energética

En estos rubros, proponemos: 

·     Fomentar la incorporación de fuentes renovables de energía de alto potencial y bajo impacto ambiental en todo el territorio del país, como la energía eólica, la biomasa y la energía solar. Proponemos incorporar esta última para la generación eléctrica (fotovoltaica) y también aprovechar la energía solar térmica de baja y media temperatura para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

·     Devolver un lugar protagónico a la energía hidroeléctrica, dejada de lado durante la última década, ya que es una fuente de energía limpia y confiable. Seleccionaremos cuidadosamente los proyectos de mayor potencial, con el menor impacto ambiental y la licencia social necesaria para llevarlos adelante.

·     Incrementar la participación de los biocombustibles (etanol y biodiesel) tanto en aplicaciones de transporte como para sus usos industriales y de generación eléctrica, hasta el máximo corte técnicamente factible y económicamente viable, promoviendo así la sustitución de importaciones y un menor impacto ambiental.

·     Generar las condiciones que devuelvan la certidumbre y disminuyan el riesgo para atraer la inversión privada, reconstruyendo marcos regulatorios sólidos, instituciones robustas, una política energética explícita y previsible, y estableciendo precios y tarifas que retribuyan completamente los costos, garantizando la prestación del servicio, una rentabilidad razonable y la expansión de la oferta.

·     Crear una Agencia Nacional de Energías Renovables, con el objeto de facilitar el desarrollo de grandes obras, promover la inversión privada y las articulaciones público-privadas para su construcción y operación cuando sean necesarias, y llevar adelante licitaciones públicas internacionales sobre grandes obras, seleccionadas sobre la base de su sostenibilidad técnica, económica, social y ambiental, y adjudicadas garantizando el menor costo de la energía suministrada.

·     Enviar al Congreso de la Nación el proyecto de una nueva Ley de Fomento para el uso de energías renovables, equilibrada y realista, que promueva un marco para el desarrollo de todas las fuentes renovables con potencial, y que contribuya a superar las barreras existentes mediante los incentivos adecuados, con objetivos graduales y realistas de incorporación de las distintas fuentes, que comprometan a todos los consumidores en su utilización.

·     Crear un régimen de fomento de la incorporación de energía distribuida, que contribuya a la instalación de fuentes de generación de energía eléctrica distribuida de baja y media potencia por iniciativa privada para satisfacer necesidades propias de particulares y empresas, así como la venta de los excedentes de generación a la red. Ejemplos de este tipo de instalaciones son los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la energía solar fotovoltaica, y la biomasa para aplicaciones industriales, en particular como cogeneración.

·     Facilitar a través de programas de fomento, en el marco de compromisos nacionales de reducción de Gases de Efecto Invernadero y de Acciones Nacionales de Mitigación, el acceso al financiamiento local e internacional para la ejecución de proyectos de inversión en energía renovable.

·     Establecer nuevos cortes obligatorios de combustibles fósiles con biocombustibles, hasta el mayor porcentaje técnicamente viable y económicamente factible, tanto para transporte, como para aplicaciones industriales y de generación eléctrica.

·     Enviar al Congreso de la Nación un proyecto de Ley Nacional de Eficiencia Energética, que brinde a las personas, a las empresas y al Estado las herramientas necesarias para reducir su consumo y sus costos energéticos, sin renunciar al confort e incrementando su productividad.

·     Encomendar a la autoridad competente la realización de un Balance Nacional de Energía Útil (BNEU), con el fin de conocer la eficiencia en el uso de la energía en todos los sectores y subsectores, y en particular del sector industrial y de transporte, con el objeto de identificar oportunidades de mejora y focalizar los esfuerzos de eficiencia en los sectores de mayor potencial.

·     Promover la implementación de medidas de eficiencia en el sector público, residencial, industrial y de transporte, en base a los resultados del BNEU.

·     Facilitar, en el marco de compromisos nacionales de reducción de Gases de Efecto Invernadero y de Acciones Nacionales de Mitigación (NAMA, por sus siglas en inglés), el acceso al financiamiento local e internacional para la ejecución de proyectos de inversión en eficiencia energética por parte del sector privado, y en particular del sector industrial.

·     Promover la extensión del etiquetado de eficiencia energética hacia todos los artefactos eléctricos y de gas natural que sean susceptibles de su aplicación y hacia los vehículos automotores, con el objetivo de asistir a las decisiones de compra de los usuarios en la selección de los equipos y vehículos más eficientes, como también incentivar la fabricación de equipos de mayor eficiencia energética desde la oferta, encomendando los estudios y el establecimiento de estándares a los organismos pertinentes (IRAM, ENRE, ENARGAS).

·     Promover la cogeneración en el sector industrial, facilitando el acceso al crédito y la eventual venta de excedentes de generación eléctrica para uso propio a la red eléctrica.

·     Promover, en coordinación con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la construcción de la infraestructura necesaria para optimizar el transporte de cargas y de personas, aumentando su eficiencia energética, reduciendo sus costos, y mejorando su disponibilidad.

·     Generar programas de concientización y capacitación en todos los niveles (primario, secundario, terciario/ universitario y post-grado) sobre eficiencia energética, contribuyendo a catalizar un cambio cultural sobre cómo se utiliza la energía en todos los sectores.

·     Capacitar, en escuelas técnicas y universidades nacionales, una nueva generación de profesionales y técnicos que puedan cumplir el rol de Administradores Energéticos, en edificios e instalaciones públicos y privados.

·     Promover el establecimiento de estándares y de regulaciones que permitan reducir los consumos pasivos de electricidad y de gas natural asociados a los artefactos en modo de espera, conocidos como stand-by (ejemplo: sustitución de calefones con llama piloto).

·     Establecer la obligatoriedad en los pliegos de obra pública, y en particular en los pliegos relacionados con la construcción de viviendas de interés social, de la adopción de estándares y buenas prácticas relacionados con la eficiencia energética, y estableciendo requisitos mínimos de cumplimiento en base a la clasificación según la transmitancia térmica de la envolvente, determinada por la norma IRAM 11900:2010.

·     Brindar a los usuarios de servicios energéticos información sobre sus consumos y el impacto económico de sus variaciones (ahorro o incremento) para permitir la toma de decisiones informadas sobre sus consumos de electricidad y gas natural.

·     Establecer un sistema adecuado de incentivos para el uso racional de la energía en los hogares y en las industrias, generando beneficios o penalidades en función de sus consumos.

 

Vaca Muerta e hidrocarburos

Respecto a la explotación de Vaca Muerta y todo el sector hidrocarburífero, proponemos:

·     Generar las condiciones que devuelvan la certidumbre y disminuyan el riesgo para atraer la inversión privada, reconstruyendo marcos regulatorios sólidos, instituciones robustas, una política energética explícita y previsible, y estableciendo precios (petróleo y gas) y tarifas (gas por redes) que retribuyan completamente los costos, garantizando la reposición de reservas, una rentabilidad razonable y la expansión de la oferta.

·     Garantizar la previsibilidad en la formación de precios para el petróleo y el gas natural, estableciendo un sendero de convergencia desde la multiplicidad de precios actuales.

·     Enviar al Congreso de la Nación una nueva Ley de Hidrocarburos, superadora de la Ley 17.319 y sus modificatorias (como la Ley 27.007, sancionada en 2014), que garantice la sostenibilidad del sector hidrocarburífero y fomente la exploración y explotación de hidrocarburos en todo el territorio argentino.

·     Crear una Agencia Federal de Hidrocarburos, que permita articular la política energética entre la Nación y las Provincias, establecer, de conformidad con las provincias, pliegos únicos para la adjudicación de permisos de exploración y concesiones de explotación, y llevar un registro único y público de permisos y concesiones.

·     Lanzar un plan de exploración en el off shore mediante la licitación pública internacional de las áreas revertidas que se encontraban hasta 2014 en manos de ENARSA, así como en las cuencas on shore inexploradas, como la Chaco-Paranaense.

·     Realizar una auditoría integral de reservas, que permita conocer los valores reales de reservas probables, posibles y recursos, y establecer auditorías periódicas que permitan fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los permisionarios y concesionarios.

·     Promover la transferencia de tecnología para fortalecer la capacidad de toda la cadena de valor local para la prestación de los servicios, insumos y equipos adecuados para la explotación a gran escala en formaciones no convencionales y en el off shore.

·     Enviar al Congreso de la Nación, en el marco de la Ley General del Ambiente, un Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la actividad hidrocarburífera, convencional y no convencional, incluyendo al off shore, que establezca requisitos mínimos de regulación ambiental, sobre el cual las provincias puedan construir regulaciones más estrictas,  generando condiciones de previsibilidad mediante la creación de “reglas del juego” claras para los operadores potenciales y actuales en la áreas comprometidas.

 

Subsidios y tarifas

Durante la última década hemos visto cómo la energía fagocitó gradualmente gran parte de la balanza comercial y las cuentas fiscales del país, convirtiéndose en un lastre para la economía, en lugar del motor que debería ser.

La normalización de las tarifas que remuneren su costo de producción es una condición necesaria para apuntar a cerrar las brechas del sistema energético (fiscal: $160.000 millones de subsidios que equivalen casi al déficit del sector público; externa: u$s 6.300 millones de déficit energético).

Pero una normalización tarifaria brusca generaría impactos inflacionarios y sociales, por lo que la política de adecuación tarifaria deberá orientarse hacia medidas graduales de convergencia hacia una tarifa justa y razonable.

Debemos revisar los actuales esquemas de precios y tarifas de la energía, para normalizar la delicada situación actual de las cuentas nacionales y de las empresas del sector, y garantizar el acceso a la energía a precios justos para todas las personas y empresas del país, estableciendo un esquema de tarifa social que proteja a los sectores más vulnerables.

Para esto, vamos a:

·     Establecer un sendero de adecuación tarifaria que converja hacia un nuevo esquema de precios y tarifas, previsible y estable, que garantice el acceso a la energía por parte de toda la población, cubriendo a su vez los costos totales de generación, transporte y distribución en el caso de la energía eléctrica, y de producción, transporte y distribución en el caso del gas natural, asegurando la prestación eficiente de los servicios, la expansión y sostenibilidad de la oferta, y una rentabilidad razonable para la inversión.

·     Establecer un mecanismo de Tarifa Social para la energía eléctrica, el gas natural por redes y el gas licuado de petróleo (GLP), que garantice el acceso por parte de toda la población a estos servicios básicos, focalizando los subsidios en quienes los necesitan.

·     Acompañar el proceso gradual de adecuación tarifaria, brindando a los usuarios las herramientas necesarias para mitigar el impacto de dichos incrementos en su bolsillo mediante políticas de eficiencia energética en todos los sectores.

·     Garantizar el acceso a las garrafas por parte de los beneficiarios del subsidio al Gas Licuado de Petróleo, encomendando al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) la fiscalización de la distribución y disponibilidad del mismo en los lugares críticos.