La propuesta

El concepto de “educación pública” ha sido un principio rector de gran parte de nuestros doscientos años de historia y es la base de nuestro contrato social. La educación pública es el pacto más importante que el Estado hace con sus ciudadanos. Ahí se ve realmente el respeto por las futuras generaciones y se expone con sinceridad si hay o no una mirada y un plan diseñado a largo plazo. Hoy en la Argentina, de cien niños que comienzan primer grado, sólo treinta y ocho completan la escuela secundaria. No sólo eso. Hemos caído al puesto 59 entre 65 países que toman el test internacional PISA en matemáticas, ciencias y lengua. Esto traduce la incapacidad de los jóvenes para comprender textos y gráficos, y sus incompetencias matemáticas.

Tenemos que desarrollar, con urgencia, una estrategia educativa que responda a las necesidades más urgentes, pero que también asegure una educación de calidad a las futuras generaciones. Queremos reivindicar la importancia de la educación como fundamento para construir un mejor país. Y la queremos reivindicar no sólo con palabras, sino con más presupuesto,  con mejor formación y mejores salarios para los maestros, con infraestructura escolar acorde y herramientas de estudio innovadoras. Queremos también devolverle la excelencia a nuestras universidades, asegurando que sean inclusivas y democráticas pero de calidad.  La educación bien pensada es una inversión segura ya que es la mejor herramienta igualadora y el motor principal para crecer como personas y como sociedad.

 


 

Educación pública con calidad e inclusión

Hoy, en el siglo XXI, hay un 9% menos de estudiantes en las escuelas públicas que hace diez años. En todo el país la tasa de escolarización no creció, a pesar de la AUH, que ha sido un factor muy importante para mantener a los niños en las escuelas. Lamentablemente hoy la Argentina es un país en el que nacer en un barrio acomodado de la ciudad de Buenos Aires o en Formosa decide el acceso a la educación y, por lo tanto, el rumbo de la vida de una persona.

Al mismo tiempo, la escuela secundaria tiene graves problemas pedagógicos, pero su crisis fundamental es de sentido. La escuela hoy no representa un desafío para los jóvenes; no los invita a una gesta que los convoque personal y socialmente. Hoy, un 50% de los chicos no termina la secundaria. El fenómeno de los jóvenes “ni-ni”, que ni estudian ni trabajan, habla de una estructura empobrecida y un futuro hipotecado.

El fuerte deterioro en la calidad de la escuela pública ha hecho que progresivamente se haya ido expandiendo la oferta de educación privada, profundizando la brecha entre los argentinos y haciendo perder a la escuela ese carácter de espacio de encuentro e interacción que tuvo durante décadas. Las franjas medias y populares, que durante años accedieron a los mejores niveles educativos en la escuela pública, hoy optan por el sector privado, con el enorme esfuerzo que implica financiar la educación de sus hijos con costos que en muchos casos llegan al 30% de los ingresos de una familia.

Hay que transmitir, por medios masivos y mediante regulaciones específicas, el mensaje claro de que este país valora, respeta y reconoce a nuestros docentes. Les pediremos mucho, pero por eso nos brindaremos a ellos al máximo, porque creemos en ellos como medio indispensable para dar un salto cualitativo en la educación. Estamos frente a uno de los mayores desafíos educativos: tener docentes mejor preparados y actualizados.

Hay que recomponer la formación de los docentes en la Argentina, lo que debe ir acompañado, por supuesto, por una revalorización salarial. Al tiempo de aprobarse la Ley de Financiamiento Educativo, que acompañamos en el Congreso, senadores de nuestro bloque presentaron un proyecto de modificación de la ley con respecto a la política salarial de los docentes. Con esta modificación quisimos evitar el choque que se da cuando el Poder Ejecutivo Nacional anuncia aumentos a docentes con fondos que son los de las provincias. En nuestro proyecto, si el Poder Ejecutivo Nacional anuncia una modificación en los haberes docentes provinciales, también debe solventarlos. Parece de sentido común, pero muchas veces pasa lo contrario.

Hoy se sabe que la educación temprana es un determinante del desarrollo cerebral y, por tanto, de la salud y las capacidades de las personas. El 80% del cerebro se forma en el primer año de vida. La constitución del sistema nervioso central está determinada en los primeros dos años. Con esos datos en la mano, el intendente de Santa Fe, José Corral, asumió la creación de una red de jardines maternales en los barrios más pobres de su ciudad, con una asistencia integral específica que ayuda al desarrollo comunitario, pero que sobre todo capta a los niños desde los 6 meses en los sectores más vulnerables, para garantizarles cuidado y educación a tiempo. Este caso, que ha sido reconocido internacionalmente, demuestra que pueden hacerse cosas de calidad y que, si articulamos distintos niveles del Estado, el éxito es posible.

Proponemos, además, acordar con las provincias una acción concertada para fortalecer en cada distrito a las con peores resultados, para que con recursos y estrategias específicas puedan salir de dicha situación en un período de tiempo razonable. Sostener este tipo de programas con indicadores ciertos, incorporando nuevas escuelas cada dos años, nos permitirá en poco tiempo revertir los datos de abandono y fracaso escolar de manera significativa.

Un buen plan de educación futura implica cambiar el paradigma educativo: pasar de una educación enciclopedista informática a una educación analítica, técnica y práctica. Pero en el esquema federal argentino eso no es resorte del gobierno nacional, sino de las provincias, a través del Consejo Federal de Educación. Eso supone el compromiso de recorrer el país desarrollando esta idea y buscando los consensos geográficos y filosóficos para nuestro plan.

El salto de calidad en la educación primaria y secundaria va comenzar con el programa “Cien mil libros por niño”, en el que proponemos regalar a cada chico en edad escolar un dispositivo digital que le sirva de complemento a las clases, con acceso a 100 mil libros electrónicos para descargar del sitio Educ.ar, incluyendo manuales escolares y libros para leer por placer. Además, los chicos podrían usar el dispositivo (o las netbooks de Conectar Igualdad) para acceder a programas y juegos correspondientes a cada nivel, que se adapten automáticamente a las habilidades y a las dificultades de cada uno, y les sirvan para apuntalar lo que aprenden en las clases. Casi como asignar, de la mano de la tecnología, un maestro particular a cada chico del país. Con el uso de tecnologías, los maestros tendrán más tiempo para conocer, contener e inspirar a sus alumnos, destrabando el potencial encerrado en cada chico de nuestra Argentina.

Para potenciar este salto de calidad proponemos, además, cinco políticas promovidas desde el Consejo Federal de Educación:

1)      Asignar los mejores directores y maestros y los mayores recursos a las escuelas más necesitadas, con una acción coordinada del Estado Nacional y los provinciales.

2)      Empezando por las escuelas más vulnerables, extender la jornada escolar tanto para apoyo escolar, como para desarrollar las inteligencias múltiples de los chicos: artes, idiomas, deportes, tecnologías, emprendedorismo y liderazgo.

3)      Orientar el plan de estudios del nivel medio al desarrollo de habilidades socioemocionales.

4)      Relanzar la carrera docente con promociones e incentivos basados en la formación y la capacitación, en la asistencia y la puntualidad, y en las mejoras en el aprendizaje de los chicos, especialmente si esas mejoras ocurren en escuelas de bajo nivel socioeconómico; desarrollar la carrera de directivos escolares para fortalecer este rol crucial en la enseñanza y en la organización de las escuelas;

5)      Crear un radar educativo digital para poder contar con datos agregados y por alumno en tiempo real, identificar chicos en riesgo de abandono o repitencia, y evaluar a los docentes y a los programas.

Necesitamos una agencia nacional de evaluación. Si queremos mejorar el sistema educativo, debemos tener información confiable, sistematizada y permanente. Debemos diseñar nuevas regulaciones para el funcionamiento de las escuelas. La mejora educativa requiere escuelas con más poder y responsabilidad. Las nuevas regulaciones acerca del funcionamiento de las escuelas deben incluir normas de protección de la integridad de los docentes frente a cualquier agresión de la que puedan ser objeto, y de compromiso de los padres con la escolaridad de sus hijos.

Tenemos que crear un fondo nacional de incentivo a la mejora, para premiar los valores que el sistema quiere promover: la constitución de equipos, su permanencia, su capacidad de producir progresos en el aprendizaje de los alumnos, la retención de éstos y la mejora de sus trayectorias escolares, por ejemplo.

Debemos poner en funcionamiento una agencia nacional de innovación y asistencia educativa. El Estado debe ser capaz de darle direccionalidad a la producción, incentivarla, generar información para que las innovaciones sean pertinentes a la mejora de las escuelas, y premiar la creatividad y la inversión en los avances educativos. Y, por supuesto, nuestro plan tiene como protagonista a la reforma de la educación secundaria, ya que este es el nivel con mayores indicadores de crisis.

 

Reforma Universitaria

La Reforma Universitaria, en 1918, fue el mayor hito de la historia de la educación argentina después de la ley 1420, al impulsar la educación universitaria pública y gratuita y resguardar el derecho constitucional de educar y ser educado. La Reforma, que fue pionera y marco el rumbo para los demás casas de estudio latinoamericanas durante el siglo XX, sigue siendo para nosotros y para muchos otros una fuente de inspiración como actitud comprometida desde el presente, mirando al futuro.

El desarrollo de nuestro país le debe mucho a Deodoro Roca y los reformistas del 18, patriotas que vislumbraban la importancia cultural y económica de lo que hoy llamamos “sociedad del conocimiento”. Con su tesón lograron una universidad democrática, abierta, transparente, con concursos y con cogobierno. Esos valores –la participación, la transparencia, los controles y el reconocimiento de del mérito- son comunes a los países que se desarrollaron con éxito durante el siglo XX.

Después de casi un siglo, la Argentina necesita una nueva reforma universitaria centrada en el futuro. Es muy cómodo hablar y actuar en función de los principios válidos, necesarios y fundamentales de hace noventa y cinco años, pero hoy esos principios, que ya tenemos incorporados, resultan insuficientes.

Profundizar una visión de la universidad como herramienta social e institucional de construcción de conocimiento, de generación de entornos reflexivos, de potenciación  del debate político, que estimule el ascenso social y fortalezca a los actores económicos, requiere de una mirada implacable, no adormecida ni atada a intereses menores.

Hay datos que nos enfrentan a un duro panorama y nos obligan a pensar que necesitamos otro rumbo:

·         De cada 100 jóvenes que ingresan a la universidad a las universidades nacionales, sólo completan su carrera 23.

·         De cada 100 estudiantes, 37 no aprueba ninguna materia en el año académico.

·         El 44 % de los alumnos de las universidades nacionales aprueba una materia por año[1]. Es relevante tener en cuenta que una carrera promedio tiene 33 materias.

·         El 70 % por ciento de los graduados de universidades nacionales provienen de escuelas de gestión privada.

·         Con educación pública, ingreso irrestricto a las universidades públicas y permanencia gratuita e ilimitada, se reciben en la Argentina sólo 2,5 profesionales universitarios cada 1000 habitantes, mientras en Chile la cifra es de 4 y en Brasil 4,3, casi el doble que en Argentina.

·         Nuestras universidades ya no encabezan los rankings de América Latina y se ubican debajo de los primeros 450 lugares de los rankings globales.

La reforma que viene tiene que ser ambiciosa y sentar las bases para los próximos cien años. Hoy la universidad asigna recursos de manera ineficiente. A pesar de que han crecido las partidas presupuestarias, de la creación nueve nuevas universidades, los problemas estructurales permanecen y se agravan.

Por otro lado, la función social de la universidad argentina de hoy está en tela de juicio. Por supuesto que este es el último capítulo del grave problema estructural de la educación argentina, que, desde la  primaria ha dejado de ser de excelencia, ha perdido su carácter de vehículo de ascenso social; y el bajo nivel educativo en esta instancia repercute en fracasos  universitarios.

Los altos costos de mantenerse en el sistema universitario son barreras económicas que implican un arancelamiento indirecto del derecho constitucional a la educación. Tenemos el enorme desafío de pensar qué universidad queremos. Pero no alcanza con derogar la Ley de Educación Superior peronista-menemista. Hay que repensar un sistema que sea de excelencia, abierto, democrático, eficiente y exigente.

Hay una desvalorización intrínseca del rol que hoy el Estado les otorga a las universidades y esto se traduce en que los estudiantes no son conscientes de la enorme inversión que hacen todos los argentinos para que ellos puedan seguir estudiando. Debemos poner en discusión un programa de responsabilidad social de los egresados, para que quienes nos titulamos en la universidad pública, aportemos al sostenimiento de un sistema de becas generoso, sustentable y eficaz, que premie la excelencia y el esfuerzo y contenga a quien ve peligrar su permanencia en el sistema por vulnerabilidad socioeconómica.

Tenemos que establecer mecanismos de evaluación. Todos los países de la región establecen carreras prioritarias y becas por rendimiento. No podemos permitir que un excelente alumno del secundario no pueda seguir una carrera universitaria simplemente porque el sistema es expulsivo y elitista, pero tampoco podemos subsidiar la permanencia en el sistema de un estudiante que luego de quince años no muestra avances significativos en su carrera.

Queremos más alumnos en las universidades y mejores condiciones de estudio; mejor infraestructura, equipamiento y vinculación con empresas y sociedad civil. Más que nunca vamos a retomar las banderas de aquella reforma universitaria gestada en la provincia de Córdoba, corazón de la Argentina, y sumarles la mirada al futuro. El orgullo por nuestro sistema universitario inclusivo, de calidad y democrático tiene que ser una luz en el horizonte para que podamos devolverle a los claustros la capacidad de formar estudiantes de excelencia en todos los rincones de la patria.



[1]Según el informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) del año