Seguridad

Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

La propuesta

La inseguridad de todos los días es un hecho en sí. Objetivo, palpable en cada barrio, en cada esquina y vivido especialmente en todos aquellos que sufrieron sus consecuencias. Es el resultado y el indicador del retroceso que ha vivido la Argentina y los argentinos como sociedad, que no pudimos detener esta debacle tan expuesta y anunciada. Por supuesto que el deterioro de las condiciones sociales contribuye a la inseguridad, pero eso no es excusa para justificar la plaga de muerte y sufrimiento que vivimos o para ignorar políticas con probados efectos favorables sobre las condiciones de seguridad ciudadana.

La causa y la consecuencia de esta inseguridad es que nuestro país se ha vuelto hoy en una pieza clave en la ruta del narcotráfico y del dinero lavado, y en un paraíso de producción de drogas sintéticas a partir de su importación indiscriminada. El narcotráfico no es cuestión de partidos políticos o de candidatos, aquí no hay lugar para matices porque esta lucha no puede tener concesiones.

La política de Seguridad de un país no puede tener diferentes diagnósticos y, mucho menos, diferentes objetivos. El esfuerzo que tenemos que realizar en materia de lucha contra el narcotráfico impone en primer lugar definir prioridades. Necesitamos establecer un diálogo permanente entre la Justicia, el Congreso y el Ejecutivo y juntos diseñar e implementar un plan nacional de combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. 


 

La década insegura

El gobierno kirchnerista en retirada se puede dividir en tres etapas muy distintas en materia de seguridad que dejan expuestas claramente la liviandad de su gestión. En una primera etapa, desde 2003 hasta 2010 con Aníbal Fernández a la cabeza, la inseguridad fue un problema considerado sólo concerniente a las fuerzas policiales y se delegó en ellas su resolución. El Gobierno hizo un pacto con las fuerzas de seguridad: si el delito no crecía hasta el punto de influir en la opinión pública y en las elecciones, el Gobierno miraría hacia otro lado ante casos de corrupción y violencia policial. En este período no hubo una sola referencia al crimen organizado, el narcotráfico y la necesidad de coordinar trabajos con las provincias. A su vez, las fuerzas de seguridad pactaron con la delincuencia, liberaron zonas y compartieron ingresos provenientes del delito. Fue la etapa de mayor extensión del narcotráfico y el crimen organizado. Los escandalosos casos de Fernando Ariel Carrera, Mariano Ferreyra, el triple crimen de la efedrina y tantos otros hechos más le demostraron al gobierno – y de la peor manera – que con las fuerzas de seguridad no se pacta. A las fuerzas de seguridad se las gobierna.

A fines de 2010 se inició una segunda etapa en la que el Poder Ejecutivo creó el Ministerio de Seguridad. Para Nilda Garré, a cargo de la cartera de Seguridad, el problema de la inseguridad eran las propias fuerzas de seguridad, su corrupción e ineficiencia. Las mismas con las que se había pactado. Se iniciaron las purgas de personal policial sin importar la existencia de pruebas o antecedentes. En esta etapa, los enemigos eran los policías, los gendarmes y los prefectos: todos sospechados de los crímenes más horrendos y herederos de los procesos militares. Por otro lado, los delincuentes se convirtieron en las nuevas víctimas de la inequidad social, de la injusticia y la persecución.

Finalmente, la tercera etapa tuvo como figura central a Sergio Berni, fiel exponente del pensamiento más acabado de la mano dura. Para él, un hombre de formación militar, las fuerzas policiales no difieren de las fuerzas armadas y, para combatir a su enemigo delincuente, era necesario el despliegue territorial de las tropas en toda la CABA y sus alrededores. Para ello no dudó en convocar al Gran Buenos Aires a gendarmes y prefectos, incluso a muchos que ya habían sido pasados a retiro por la gestión anterior. No importó que tamaña decisión debilitara las fronteras, convirtiéndolas en una avenida por donde ingresa y sale toda clase de productos ilegales.

En síntesis, durante el kirchnerismo no hubo, ni hay, política de seguridad. Ni se ha buscado modificar las estructuras ineficientes del Estado para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudadanía. Hoy sólo hay acciones mediáticas y con estética de superhéroe. Pero para este militar encargado de la seguridad interior la realidad es caprichosa y la seguridad no mejora. Cuando la realidad lo desborda, transfiere la responsabilidad a los extranjeros delincuentes, a las provincias, a la ciudad de Buenos Aires o a la ineficiente Justicia. Frente a cada hecho hay una excusa y siempre los responsables son los otros.

En la Argentina se ha profundizado la anomia o la falta de normas generalizadas. Hay una tendencia recurrente en la sociedad a la ilegalidad, a ignorar las normas jurídicas, morales y sociales. La sensación creciente de falta de límites entre lo prohibido y lo permitido, entre la ética pública y la corrupción, estimulan una espiral ascendente en la complejidad y peligrosidad de los delitos.

 

Ausencia de estadísticas

Desde el año 2009 no se publican estadísticas criminológicas de alcance nacional y las que se dan a conocer son parciales, desactualizadas  y descontextualizadas. Además, la información que producen diversos organismos públicos está dispersa y no sistematizada. Los datos que producen provienen de las diversas fuentes de información que muchas veces no son coincidentes ni técnicamente confiables y hasta contradictorias.

 

Participación ciudadana

La participación ciudadana no puede estar ausente en el diseño de la Política de Seguridad, pero esta participación debe tener un sentido democrático. La participación ciudadana que se propone tiene como eje la consulta al ciudadano, y la posibilidad de que sus inquietudes y propuestas puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta en el diseño de los distintos planes, programas o proyectos que se impulsen.

 

Fuerzas de Seguridad

La Argentina tiene un Sistema de Policías formado por veintitrés policías provinciales; una policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y cuatro fuerzas policiales y de seguridad de carácter nacional (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Nacional Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria). Existe un doble criterio de actuación: uno territorial, en donde cada provincia es responsable de la seguridad en su propio territorio;  y otro que se fundamenta en una diferenciación normativa entre delitos federales (reservados a las fuerzas nacionales) y otro relacionados con los delitos ordinarios (reservados a las policías provinciales, que se cometen en su territorio). La existencia de veintiocho cuerpos policiales no es un obstáculo para ofrecer un buen servicio de seguridad, ni es la justificación de la falta de coordinación, como en ocasiones, desde visiones centralistas, se lo intenta presentar. 

Los inconvenientes que se han presentado en materia de coordinación  entre las diferentes fuerzas tienen su cimiento en la ausencia de una Política de Seguridad que tenga un enfoque nacional. Muchas veces, con una mirada federal, el Ministerio de Seguridad de la Nación  es solo el Ministerio responsable de la Seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin mayores responsabilidades ni injerencia en el resto de las provincias. La situación se agrava aún más con la  tendencia a desfederalizar algunos aspectos relacionados con el narcotráfico, delito que históricamente abordaron las fuerzas nacionales, y que últimamente, y cada vez con mayor frecuencia, recae sobre las policías provinciales.

 

Propuestas contra la inseguridad

  • La coordinación es imprescindible porque la “economía del delito” no repara en las fronteras entre provincias (trata de personas, secuestros, narcotráfico, piratería del asfalto, etc.), por lo que tenemos que avanzar en un sistema único de información con todos los datos criminales del país.
  • La carrera policial debe tener nivel de exigencia universitario y los salarios de sus efectivos deben ser correspondientes a su preparación, dedicación y desempeño
  • Tenemos que unificar los escalafones de las diferentes fuerzas nacionales y provinciales, porque la disparidad dificulta la articulación entre ellas.
  • Necesitamos  crear programas de capacitación diferenciada por funciones (seguridad ciudadana, investigaciones criminales, orden público y crimen organizado) para la totalidad de las fuerzas del país.
  • Es decisiva la constitución y puesta en marcha de la Policía Judicial, para que entienda en la instrucción de las causas.
  • Es esencial establecer una política remunerativa para la totalidad de las policías del país. Gran parte de los sueldos de las fuerzas son no retributivos, lo que es un gran perjuicio a la hora de licencias por enfermedad o retiro.
  •  Debemos devolver a cada fuerza sus facultades. Los gendarmes deben custodiar y sellar las fronteras, y las policías, cuidar las ciudades y pueblos.
  • Tiene que incorporarse rápidamente tecnología de punta contra la inseguridad. Basta entrar a una comisaría a hacer una denunciar para darse cuenta del atraso tecnológico que domina a las fuerzas policiales de nuestro país.

 

El infierno del narcotráfico

Entre 2004 y 2005 se importaron 3449 kilos de efedrina, esto es unos 144 kilos por es. Pero en 2007, año electoral, ingresaron al país 19.200 kilos, un promedio de 1600 kilos por mes, once veces más que en 2005. La campaña del kirchnerismo de 2007 fue en parte financiada por los “reyes de la efedrina”, y la Argentina se convirtió en un paraíso de producción de drogas sintéticas a partir de su importación indiscriminada.

El narcotráfico no es cuestión de partidos políticos o de candidatos, aquí no hay de debate de matices porque esta lucha no puede tener concesiones. Hay mucha precariedad por parte del gobierno en este tema: si hay un área donde se están desperdiciando todas las herramientas, todos los activos y todos los presupuestos del Estado, es el área de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Si hacemos una línea de tiempo del narcotráfico en el país, sin lugar a duda encontraríamos que desde fines de los ochenta hay una aceleración silenciosa, que en los noventa el país incrementa notablemente el consumo de sustancias estupefacientes, según todos los datos distintas oficinas y organizaciones que se dedican al tema, y que a partir de 2003 el crecimiento se vuelve abrupto; pero es a partir de 2007 cuando su vínculo con la política quedó expuesto a la luz del día.

Como lamentablemente aprendimos todos, la efedrina es un insumo esencial para la elaboración de una de las drogas sintéticas más consumidas en el mundo: la metanfetamina. Desde 2003 a 2006, pasó de mil a alrededor de seis mil el número de empresas inscriptas en el Registro Nacional de Precursores para importar la efedrina. Ese solo dato es un escándalo y debió haber sido tomado como la punta del iceberg para una intervención estatal inteligente. En 2007, el permiso para importarla se extendía en cuarenta y ocho horas: más rápido que la habilitación para una verdulería.

Creemos que es importante visualizar esto, porque lo que nos pasa hoy con el narcotráfico no es consecuencia del contexto internacional o un plan de desestabilización de los partidos opositores. Es el resultado de la combinación de acciones delictivas, un vacío de actividad por parte del gobierno y la ausencia de un plan nacional y coordinado por el Estado. Que un partido político financie su campaña presidencial con dinero del narcotráfico es un dato que debería desacreditarlo inmediatamente para gobernar; por eso insistimos en que la nueva Argentina que nace de este final de época necesita un shock de valores que nos haga estar más atentos, alertados ya de las consecuencias de mirar hacia otro lado.

Cada fuerza de seguridad tiene su propia Inteligencia: la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal. Pero además está la inteligencia de la Ex SIDE, ex SI, actual AFI, y la nueva Inteligencia en manos del jefe del Ejército. Seis organismos de Inteligencia Nacional, a los que hay que sumarles todas las Inteligencias de las policías provinciales, que son veinticuatro. Con todas estas agencias de Inteligencia, sin embargo, las fronteras argentinas no son otra cosa que un colador. Una de las características del narcotráfico es su gran capacidad organizativa, que se pone más de manifiesto cuando enfrente tiene cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que actúan sin coordinación, con distintas estrategias de procedimiento, diferentes escalas de capacitación y programas desarticulados.

Hoy tenemos tanto a la Policía Federal Argentina como a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura haciendo seguridad ciudadana en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, mientras gran parte de las fronteras del país y el transporte fluvial de nuestros ríos se encuentran en situación de vulnerabilidad y son usados por el crimen organizado. Es necesario darnos un gran debate sobre el sistema de policías de la República Argentina. Esto incluye la revisión de la Ley de Seguridad Interior y, dentro de ese contexto, rediscutir los objetivos y funciones de cada una de las fuerzas federales.

La Argentina, en este plano, no puede sancionar más leyes de blanqueo, nuestro país mantiene el portón abierto para que delincuentes de escala internacional vinculados al narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas laven su dinero en la Argentina.  Una de las formas más eficientes de detener el avance  narco en el país es controlar mejor las rutas del dinero.

 

Plan Nacional de Combate del Narcotráfico

Como primera medida, pondríamos a la Gendarmería a custodiar nuevamente la frontera. Crearíamos, como propusimos en el Senado un proyecto de ley cuyo texto ya tiene media sanción, secretarías especiales de narcotráfico en cada uno de los juzgados federales de todo el país. Fusionaría las áreas de Inteligencia de todas las fuerzas de seguridad nacionales en una gran agencia y crearía una coordinación para todas las fuerzas de seguridad nacionales con los provinciales. Como expresa la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, de la cual nuestro país es parte, la erradicación del narcotráfico es responsabilidad colectiva de todos los Estados, por lo que es primordial el trabajo en conjunto y articulado con otras naciones, especialmente con los países limítrofes. La Argentina debe asumir su rol como integrante de la comunidad internacional y como actor protagónico de esta región.  

                                                

Contra la delincuencia organizada

Al menos ocho variables o cualidades geográficas, políticas, económicas y sociales de nuestro país que pueden colaborar e interactuar en favor del desarrollo impune de la delincuencia organizada.

1.      Fronteras abiertas y vulnerables atractivas para el contrabando de dinero en efectivo, técnica típica de narcolavado. Caso emblemático: Triple Frontera con Paraguay y Brasil, que encierra, además de preocupación por el tráfico de drogas, armas, dinero y personas, el de operaciones de grupos extremistas en la zona y transacciones con el Medio Oriente. Sin olvidar el problema que significa el traslado de cientos de gendarmes de las fronteras.

2.      Los grupos narcos suelen aprovechar los países con altos índices de confusión política, económica y social para desarrollar y extender no sólo sus redes de compra-venta de droga, armas, personas, sino también para reinvertir el producto de sus crímenes. Para que el Estado tome control y prevención efectiva de las situaciones caóticas sociales (conflictos de diversa índole) resulta importante contar con estadísticas oficiales confiables y públicas. No es el caso de la Argentina. Por ejemplo, las últimas estadísticas oficiales de índices de criminalidad corresponden al año 2011.

3.      Aprobación de leyes deficientes que pueden ser atractivas para los grupos criminales, por ejemplo: planes fiscales de “blanqueo” o “repatriación” de activos no declarados. En los últimos 8 años, la Argentina realizó dos planes fiscales de blanqueo.

4.      Alto nivel de corrupción pública que puede atraer a una parte significativa de las ganancias criminales generadas por el crimen organizado y las mafias. Interconexión entre lavado de dinero, corrupción/soborno y delincuencia organizada.

5.      Baja capacidad de exigibilidad de las normas contra el crimen organizado. Cuando los Estados son débiles, pero actúan como si fueran fuertes y sancionan leyes y reglamentos sin tener una verdadera voluntad o capacidad para hacer cumplir la ley, inevitablemente crean un espacio entre la realidad y la letra formal de la ley que puede ser explorado por los delincuentes y el crimen organizado.

6.      Una economía con altos índices de informalidad. Allí se sienten cómodos los criminales y los grupos mafiosos, al poder ocultar y utilizar sus ganancias con amplia comodidad e impunidad, ya que los controles antilavado y cambiarios funcionan en forma ineficiente.

7.      La Argentina no es un centro financiero off-shore, ni está catalogada como una jurisdicción con alto secretismo bancario, sin embargo, aún no implementó un sistema adecuado para “conocer la identidad final del inversor”. Se oculta, puntualmente, lo que se denomina como el “último beneficiario” económico de una inversión.

 

Propuestas contra el crimen organizado

Creemos que para combatir la delincuencia organizarse hay que avanzar en varios frentes:

  • Transparentar y despolitizar los procesos de selección de funcionarios públicos a cargo de puestos clave. Los nombramientos deberían estar sentados en principios meritocráticos, técnicos y plurales, con miras a “descolonizar” al poder narco de las fuerzas de seguridad y prevención. Las mafias nunca hubieran podido avanzar tanto entre nosotros sin la evidente interconexión entre narcotráfico, soborno y lavado de dinero. Lo anterior exige que la justicia se avoque a lograr mayores y mejores condenas contra la criminalidad organizada. Mejores sentencias hace a la calidad de los procedimientos.
  • En los organismos de investigación, prevención y control estatal (caso UIF, Fiscalía de Investigación Administrativa, AFIP, Oficina Anticorrupción, entre otras), establecer prioridades basados en principios económicos y de auditoría de “costo/beneficio”.
  • Poner el foco en el seguimiento, embargo y decomiso de los bienes y ganancias procedentes del delito. Para ello hay que terminar de aprobar una ley de “extensión de dominio” o “decomiso ampliado” de bienes procedentes del crimen, que funcione como complemento del decomiso tradicional.
  • Para embargar y decomisar las riquezas mal habidas, crear gabinetes de especialistas en prueba digital y contable, con capacidad para intervenir mensajes de texto, emails y teléfonos y revisar cuentas bancarias.
  • Establecer un renovado y despolitizado plan de protección de testigos y arrepentidos.
  • Apoyar la creación de una corte penal especializada y supranacional contra la delincuencia organizada extrema que se inserte, eventualmente, en el ámbito de la Unasur, la OEA o la conformación de acuerdos estratégicos transnacionales que trabajen actualmente esta idea.
  • Efectivizar nombramientos de jueves y fiscales federales, evitando, de este modo, las subrogancias en los tribunales y logrando así mayor independencia del poder judicial.
  • Crear una Secretaría Judicial que funcione bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que centralice la información judicial y fáctica ligada a los procesos penales sobre delitos complejos y federales de narcotráfico, tráfico de armas, desarmaderos, crimen organizado, lavado de dinero, etc.
  • Avanzar hacia la “federalización” escalonada de las fuerzas de seguridad. De este modo, el control inmediato de la seguridad y la delincuencia organizada debería estructurarse “desde el estado federal hacia abajo”, en vez de “abajo (municipios) hacia arriba (provincia y estado federal)”.