Política social

La propuesta

No tenemos que perder de vista lo que hoy la asignación por hijo nos está diciendo: que en la Argentina hay casi cuatro millones de niños y adolescentes cuyos padres no tienen trabajo o no tienen un trabajo formal.

Además de convertir en ley la Asignación Universal por Hijo, nos ocuparemos de la infancia temprana, de recuperar la cultura del trabajo y de atender el problema del trabajo informal.

 

Cada plan social debe desembocar en un empleo.


Planes sociales: buena respuesta, mal síntoma

Hasta el día de hoy el gobierno kirchnerista no puede justificar haber rechazado constantemente todos los proyectos de ley sobre un ingreso universal ni puede explicarle a la población por qué no aprovechó que en este tema estamos todos juntos para sacar una de las leyes más progresistas en la historia.

Luego de las elecciones del año 2009, con un fuerte revés en las urnas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación por decreto de la Asignación Universal por Hijo, financiada con fondos de la ANSES, es decir, de los jubilados. Los beneficiarios serían exclusivamente menores de familias desocupadas o que trabajaran en la economía informal, y aquellos hijos de quienes ganaran un salario igual o menor que el mínimo vital y móvil. El límite, aún actual, es de cinco hijos por familia. Si bien queda claro que no es un ingreso universal, celebramos el anuncio, que ha creado alivio y cierto bienestar en los sectores más vulnerables. Somos muchos los que creemos que los fondos no deberían salir de las contribuciones jubilatorias, sino de los tan ansiados impuestos a la renta financiera, que el kirchnerismo también se negó a modificar.

Hoy tenemos sesenta planes sociales, con más de dieciocho millones de beneficiarios; por supuesto, en varios casos una persona recibe más de un plan. Los más conocidos, además de la Asignación, son: Techo Digno, Programa Conectar Igualdad, planes Argentina Trabaja, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Jefes de Hogar, Progresar y Procrear. Ya en el año 2008 presentamos el proyecto de registro único de beneficiarios de planes sociales, que será uno de nuestros primeros objetivos apenas comience el nuevo gobierno.

Una de las tareas más importantes que tenemos con la Asignación es hacerla universal. Hay que ser claros, porque hoy no lo es. Tenemos que volver a ser cuidadosos con el correcto uso de las palabras. Respetar su significado es respetar a nuestro interlocutor y no mentir. La mentira tiene que dejar de ser un método de comunicación.

Convertir la asignación en universal y hacerlo por ley sería también otorgar un grado de autonomía y libertad a los beneficiarios, que hoy se encuentran en un estado de servidumbre y vasallaje, extorsionados por el gobierno, que sostiene que, de perder las elecciones, este plan se abandonaría. Eso no es cierto.

Lo cierto es que, aun sin datos confiables, la Asignación es buena. Hoy llega a casi cuatro millones de niños y adolescentes, con un sistema de contraprestaciones que, aunque produce dudas sobre su total cumplimiento, lleva de regreso especialmente a los adolescentes al colegio y a los niños a los controles médicos y a la vacunación.

Como muchos venimos exponiendo, hay grandes coincidencias en el rechazo de que los fondos provengan de la ANSES, porque creemos que tomar de los fondos jubilatorios no es una forma genuina de redistribuir.

 

“Niños Cuidados”

Fijaremos la asignación en una unidad de cuenta protegida de la inflación e instrumentando, mediante la tarjeta de la AUH, descuentos impositivos para productos como: ropa, calzado, alimentos saludables, libros y otros elementos de estimulación temprana que contribuirán a igualar el bienestar y las oportunidades de los niños. El programa contempla, también: el derecho de cada niño a ser cuidado en una guardería gratuita desde su nacimiento, si sus padres así lo desean, y la obligación de madres, padres y/o tutores de un niño a enviarlo, a partir de los 3 años, a escuelas-guarderías. Las guarderías deben ser de financiación pública, sin importar que fuesen públicas o privadas. Por último, el Estado daría apoyo y entrenamiento a los padres y tutores de hogares vulnerables para mejorar la nutrición y estimulación temprana de los niños en el hogar.

 

Cultura del trabajo

Esto significa avanzar con tres acciones concretas: sancionar una legislación fiscal y organizacional benévola con el microemprendedor de escasa capitalización, con el fin de promover el autoempleo; desarrollar una estrategia eficiente de calificación laboral de adultos, diseminada en todo el territorio; y permitir la compatibilidad temporal entre planes sociales y empleo.

Vamos a cambiar la cultura clientelar: ya vimos que los programas sociales, lejos de haber sacado a la gente de la indignidad y la marginalidad, la han transformado en rehén, en objeto de una política de la más baja estofa. Tenemos que generar confianza especialmente en aquellos sectores que hoy dependen de los planes sociales. Tienen que estar seguros de que no se les van a tocar los planes, pero también de que, al final del camino, hay un empleo y no ese plan social como forma de vida para siempre.

 

Juntos en Blanco

Atacaremos el problema del trabajo informal en la Argentina. Para ello, a través de nuestro programa “Juntos en Blanco”, buscamos premiar la contratación formal de grupos vulnerables a la precarización, donde el Estado se haría cargo, hasta del 100%, de las contribuciones personales y patronales según la situación del empleado, no del empleador. Beneficiando a las personas que trabajan en negro o que no tienen un empleo y también a las empresas, que podrán regularizar situaciones y reducir riesgos de juicios laborales.

También estimularemos el empleo privado de aquellos que reciben planes de empleo de emergencia. Podrán “llevarse” parte del monto que reciben como programa de empleo de emergencia a un nuevo empleo que los contrate como trabajadores formales.

La política social es un instrumento central para la reducción de desigualdades. Pero no debe quedarse en una mera transferencia. Los planes sociales tienen que ser un puente para que todos los argentinos y argentinas puedan encontrar el camino a un trabajo digno, que es la fuente de muchos otros derechos.