Ciencia y tecnología

La propuesta

Como pocas áreas, el área de Ciencia y Tecnología fue tratada como política de Estado en los tres períodos kirchneristas y no como política de gobierno con la lógica oficialismo-oposición. Pero, como en muchas cosas le han pasado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que habían sido logros importantes se chocaron de frente contra la ineficiencia en la coordinación de políticas y, muy especialmente, contra la pésima política económica de los últimos años. Así se manifiestan dos grandes problemas: en primer lugar, la falta de insumos para proyectos de investigación, como consecuencia de las trabas a las importaciones y, en segundo lugar, la inversión en ciencia y tecnología, que está muy debajo de lo que debería ser si queremos que nuestro país sea protagonista del futuro. Hoy, la Argentina destina sólo el 0,64% del PBI a la investigación y el desarrollo, mientras que Estados Unidos destina el 2,9% y nuestro vecino, Brasil, el 1,2%.

Es necesario, por lo tanto, promover la idea de un plan a largo plazo que mejore la posición de la Argentina en investigación, innovación, ciencia y tecnología. Debemos facilitar la gestión de patentes, incrementar mediante el reconocimiento público el capital simbólico del acto de investigar e innovar, y transformar a la administración pública en demandante privilegiada de innovación, para facilitar desde el mercado doméstico la posibilidad de generar estructura y escala económica para la vanguardia de la ciencia argentina.

 


 

 

Por una ciencia argentina de vanguardia

El recorrido de la investigación científica en el país es un reflejo de los avatares políticos de nuestra nación. Durante la presidencia de Alfonsín, se crearon la Secretaría de Ciencia y Técnica, en la órbita del Ministerio de Educación y Justicia, la Oficina de Transferencia de Tecnología y el Banco de Datos Genéticos y se desmantelaron todos los instrumentos de control ideológico en el CONICET. Con Menem tuvieron un importante apoyo la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica (AGENCIA). Ya bajo el gobierno de Néstor Kirchner, se abrió nuevamente la carrera de investigador en el CONICET y volvieron al país cientos de investigadores y científicos gracias al plan Repatriación y Raíces. Finalmente, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se crearon el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Polo Científico Tecnológico.

Además de los mencionados, la Argentina cuenta con muchos institutos científicos y de desarrollo de tecnología excelentes, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) e INVAP, empresa dedicada a la producción de sistemas tecnológicos complejos, conocida en estos últimos tiempos por ser la que construyó el Arsat I, el primer satélite geoestacionario producido en el país.

Sin embargo, la Argentina destina el 0,64% del PBI a la investigación y el desarrollo, mientras Estados Unidos destina el 2,9%, Canadá, el 1,8%, China, el 1,7%, Francia, el 2,25%; y Alemania, el 2,82%. Japón e Israel se sitúan por encima del 3%. Incluso si nos venimos más cerca, veremos que Brasil destina el 1,2%. Esto nos deja fuera de juego, especialmente si sumamos los obstáculos a los que se enfrentan nuestros profesionales debido a las trabas para la importación de insumos y a la falta de reconocimiento de la investigación como base fundamental del progreso, que se ve reflejado en los malos sueldos.

 

Más y mejor conocimiento

Es necesario que el próximo gobierno le devuelva a la investigación en Ciencia y Tecnología e Innovación un lugar central en la política de Estado. Nosotros nos comprometemos a:

1)      Asumir el desafío de competir internacionalmente y de resolver problemas nacionales sobre la base de capacidades tecnológicas propias. Para esto, tenemos que alcanzar tan pronto como sea posible un nivel de investigación y desarrollo (I&D) comparable al de los países desarrollados, es decir, del orden del 2%, con una participación equilibrada entre gasto público y privado.

2)  Comprometernos con la calidad y la mejora continua asegurando sistemas rigurosos de evaluación de la calidad para todas las actividades de Ciencia y Tecnología, creando instrumentos para medir desempeño y correlato entre generación y utilización.

3)   Incentivar la incorporación de tecnología en el sistema productivo. El incremento anual de inversión privada en I&D requiere de una política de incentivos y de un adecuado relevamiento de sus necesidades. Entre otras cosas, debemos hacer una deducción de ganancias con tasa decreciente año a año para incentivar la instalación de laboratorios de I&D, incorporar cláusulas de inversión en I&D en contratos con multinacionales que se radiquen en el país y utilizar el poder del Estado para la contratación de tecnologías competitivas desarrolladas en la Argentina.

4)      Igualar el precio de la tecnología al vigente en el resto del mundo (programa “Tecnología para Crecer”). La tecnología genera tecnología; abaratarla es estimular la investigación y la generación de valor. Si los insumos de punta tienen precio superior al vigente en otras partes del mundo, la generación tecnológica se estanca.

5)   Establecer objetivos para los organismos públicos de Ciencia y Tecnología con metas de cumplimiento anual, presupuestos y facultades administrativas acordes con dichas metas y evaluaciones periódicas y rigurosas realizadas por entes independientes.

6)     Promover un manejo del conocimiento en cada área de gobierno. El “conocimiento” no debe ser atribución exclusiva del ministerio de Ciencia y Tecnología. Todas las áreas de gobierno deben contar con grupos o institutos de investigación en sus materias específicas.

7)      Destinar una fracción del presupuesto nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (alrededor de un 10%) a programas científicos y tecnológicos de envergadura vinculados a problemáticas de interés para el país y a la participación institucional argentina en proyectos internacionales, siempre que esa participación sea de significación.

8)     Asegurar que las jurisdicciones de todos los ministerios y de los gobiernos provinciales sean actores fundamentales en la formulación, el financiamiento y la ejecución de la política de CTI. Asimismo es necesario implementar una vigorosa y efectiva política de desarrollo regional de capacidades en CTI. La política de estado de CTI trasciende el ámbito del Ministerio, especialmente en lo que atañe a la promoción de la innovación en el sector productivo, y por lo tanto es necesario que todos los actores relevantes tengan una participación activa.

9)    Establecer un plan de recursos humanos de mediano plazo que concierna a la cantidad de científicos, tecnólogos y técnicos que el país irá necesitando año a año de acuerdo con la política de CTI. Será necesario arbitrar los recursos para lograr los objetivos en esta materia, cuidando que éstos no se logren a expensas de la calidad.

10)  Modificar el régimen laboral de los investigadores en formación. Este es un punto para el que el bloque radical presentó un proyecto en 2009. Nuestro objetivo es cambiar la política de becas existente por una política de contratos dignos, lo que les permitirá acceder a una obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, vacaciones reglamentadas, licencias, antigüedad, seguridad e higiene laboral. Esta es una forma, también, de estimular el ingreso de nuevos estudiantes en las carreras de Física, Matemáticas, Biología e Ingeniería.

La producción de conocimiento es, al mismo tiempo, patrimonio cultural y centro de la estrategia para el crecimiento de la Argentina. La educación y la ciencia son nuestros puentes más seguros para un futuro mejor. Por esto debemos promover un ámbito de reflexión constante y aporte de pensamiento de todos los sectores políticos y sociales. En esta área y más que nunca hay que pensar en ejes a largo plazo. De esto depende un futuro viable para la Argentina. Debemos hacerlo. Vamos a hacerlo.