La propuesta

 

La “democratización” de la Justicia llevada a cabo por el kirchnerismo no tiene nada de democratización y todo de cooptación y dominación del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Es necesario revertir esta tendencia, asegurando la separación de hecho de los tres poderes y asegurando la independencia del Poder Judicial. Una de las claves para ser un mejor país es tener Justicia independiente y así garantizar un Estado más transparente. No hay democracia sin justicia. Porque la justicia garantiza la igualdad ante la ley.

 


 

 

Reforma del Consejo de la Magistratura

Hasta la reforma constitucional de 1994, los jueces eran propuestos por el Poder Ejecutivo. Pero a partir de entonces el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de los jueces y la administración del Poder Judicial.

La ley, sancionada en 1997, establecía la conformación del Consejo con 19 miembros: el presidente de la Corte Suprema de la Nación; cuatro jueces del Poder Judicial; ocho legisladores (a tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarían cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno a la primera minoría y uno a la segunda minoría); cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que poseyeran esa matrícula (para la elección se utilizaría el sistema D’Hont, debiéndose garantizar la presencia de los abogados del interior de la República); un representante del Poder Ejecutivo; un abogado, profesor titular regular de cátedras universitarias de facultades de derecho nacionales, elegido por sus pares.

En el año 2006, cuando el kirchnerismo llevó adelante la primera reforma del Consejo de la Magistratura, se comenzaron a oír algunas voces que creían advertir en esto la búsqueda de una manipulación feroz de la Justicia. Los debates fueron intensos y duros porque la propuesta era reducir el número de miembros de 19 a 13, lo que ponía en crisis el equilibrio de los representantes, y en el Consejo de la Magistratura el equilibrio es la garantía de la independencia del Poder Judicial.

Con la nueva conformación del Consejo de la Magistratura aprobada por el oficialismo, este se otorgó la capacidad de veto, lo que significa la posibilidad de bloquear el acceso de un nuevo juez o de evitar la salida de un juez cuestionado.

Hasta ese momento, en la composición del Consejo de la Magistratura la representación política tenía dos representantes de la mayoría y dos de la minoría (uno de la primera y otro de la segunda minoría) de cada cámara.  El principio de democracia republicana en el Consejo de la Magistratura garantiza la independencia de un organismo que, nada más y nada menos, tiene la llave de entrada y de salida del Poder Judicial en la Argentina.

La reforma judicial de 2013 fue el avance de un gobierno acorralado, temeroso y desorientado contra el único bastión que todavía no había podido dominar en el aspecto institucional de la Argentina.

De las seis leyes de la reforma, tres son positivas: la obligación de los jueces de presentar declaración jurada, cuestión que ya está dentro de las normas de ética pública; el acceso por concurso al empleo en el Poder Judicial, que debería trasladarse también a toda la administración pública; y la obligación de dar a publicidad los actos del Poder Judicial, enmarcada, si se quiere, en el acceso —hasta hoy denegado— a la información pública.

Ninguno de los otros tres proyectos —la nueva reforma del Consejo de la Magistratura, la regulación de las medidas cautelares contra el Estado y la creación de tres nuevas cámaras de casación— apuntaba en la dirección de mejorar, de hacer más rápida, más eficiente, o de “democratizar”, si ese es el término elegido, la Justicia en la Argentina.

 

Democratización de la justicia

La “democratización” de la Justicia planteada por el kirchnerismo en 2013 no tenía nada de democratización y todo de cooptación y dominación de los dos órganos que el gobierno nacional aún no ha podido colonizar: la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Para esto nos quisieron convencer de las bondades de la elección popular; pero la reforma no trataba solamente de eso. Había también un combo de tres componentes: el número de miembros, la forma de elección y cómo se logra la mayoría.

El tema del número tiene relación directa con la forma de elección y, fundamentalmente, con cómo se logra la mayoría. Se trataba de perder la mayoría calificada de dos tercios para elegir o suspender a cualquier juez, y pasar a una mayoría simple, la mitad más uno, que a la vez fuera fruto de una elección popular con los candidatos sumados en la boleta de un partido político, con lo cual la Justicia quedaba a la merced coyuntural de los resultados electorales.

Con la reforma de 2013 se quisieron cambiar las reglas del juego; a partir de ese momento el que ganase una elección se haría dueño de todo: del Poder Ejecutivo; de las mayorías legislativas; y también de la Justicia, al poder manejar el proceso de selección y de destitución de jueces, con la amenaza implícita hacia los magistrados que esto significa. A partir de ese momento el que ganase una elección se haría dueño de todo: del Poder Ejecutivo; de las mayorías legislativas; y también de la Justicia, al poder manejar el proceso de selección y de destitución de jueces, con la amenaza implícita hacia los magistrados que esto significa.

La sociedad se movilizó al darse cuenta de la intencionalidad que tenía el gobierno. Hubo un fuerte rechazo desde dentro del país y se sumaron rechazos desde fuera. Naciones Unidas, a través de su relatora, hizo un llamado de atención que irritó profundamente al gobierno, quien inmediatamente puso a toda su batería de medios para desprestigiarla. Pese a todos los reclamos, el oficialismo se mantuvo inalterable. Sin embargo, la reforma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

Reformar la Ley del Ministerio Público, acotar el poder de maniobra de la Procuración, evitar nombramientos sin concurso, subrogancias eternas y traslados injustificados. Con el nuevo Código Procesal Penal se transfiere la instrucción de las causas, de los jueces a los fiscales. Son ahora los fiscales quienes instruyen, investigan y acusan. Pero, a su vez, la procuradora general de la Nación nombra y traslada fiscales como si fueran adornos de su casa, sin explicaciones y con una evidente intencionalidad política.

Queremos volver a la composición que tenía el Consejo de la Magistratura hasta 2006, ya que era equilibrado, y garantizaba que nadie por sí solo pudiera apartar a un juez. Esta disposición debe ser complementada por una más amplia y medular: ningún Gobierno, ni este ni el que venga, puede tener el poder que tiene la presidenta hoy en el Consejo de la Magistratura.

Volver a los principios de una sana organización de la justicia federal, con una doble instancia eficaz y un verdadero control de constitucionalidad a ser ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Revisar la utilidad de las terceras instancias (Casación) que sólo suman engorro e ineficiencia, aumentando el tiempo de los procesos y restando credibilidad a la Justicia.

Promover que los integrantes de la Corte Suprema sean jueces de la República: independientes, formados y con verdadero manejo de la materia constitucional. Que sean la voz de la Constitución real, limitando al poder y aplicando los principios republicanos e igualitarios que surgen de su texto.

Darle más protagonismo a la Auditoría General de la Nación. Este organismo alertó sobre el peligro del sistema ferroviario antes de la tragedia de Once y viene poniendo alarmas desde hace rato en el avance del narcotráfico. Pero la Auditoría hoy tiene un problema: si bien el presidente es opositor, de sus siete miembros cuatro son oficialistas. Es decir que sin el apoyo de los oficialistas no hay informes que prosperen. Para que la Auditoría pueda cumplir su rol constitucional, hay que tomar dos medidas: una, darles mayoría a los opositores, de manera tal que el control no esté en manos de los controlados; la otra, darle al organismo la atribución de presentar denuncias penales, como lo hacen sus pares de los países vecinos. La Auditoría es clave para la transparencia del Estado, tiene profesionales idóneos y prestigio, pero necesita salir de la órbita de la dependencia de aquellos a los que tiene que controlar.

 

Lo mismo puede decirse de la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Aunque desde un lugar distinto que la Auditoría, deben cumplir el rol para el que fueron creadas, lo que difícilmente se pueda lograr si quienes lideran estos organismos no son personas idóneas, probas y comprometidas con el control y la lucha contra la corrupción.