Derechos humanos

La propuesta

La UCR es el partido que más hizo para juzgar al terrorismo de Estado en el país y desde ahí puedo decir que no creo que se deban capitalizar políticamente los derechos humanos, como no lo hizo Alfonsín en su momento. Aún más, en los años setenta repudiamos las instancias armadas y, frente a la bulla general, reivindicamos la democracia, que por aquellos años estaba bastante malherida. Lamentablemente, los derechos humanos han sido manoseados durante estos últimos años con intereses políticos, han sido víctima de la apropiación de la historia por parte del kirchnerismo. Esto ha llevado, además, a que el concepto de derechos humanos se reduzca a un sólo tema y a un momento específico de nuestra historia.

Creemos que hablar de derechos humanos significa referirse a todos los derechos inherentes a las personas que hacen a la posibilidad de llevar una vida digna. Creemos también que el Estado debe velar para que todos lo argentinos tengan igualdad de oportunidades, hoy y siempre. Que puedan elegir con libertad su identidad, tener una familia, vivir sin miedo y poder participar en la cosa pública con igualdad de condiciones. Argentina es pionera en la región en materia legislativa y es correcto destacar esos logros. Sin embargo, está pendiente la implementación de las políticas que los garanticen. 

Un pueblo que no conoce su pasado corre grandes riesgos de repetir errores en el futuro. Pero un gobierno que camina mirando hacia atrás condena a su pueblo a no darse cuenta cuando ese futuro está llegando.


 

 

Aprender de nuestro pasado, mirar al futuro

Es una pena lo que ha pasado durante la última década con el manejo del tema de los derechos humanos en la Argentina. El presidente Néstor Kirchner puso la piedra fundamental de la apropiación de los derechos humanos sobre la base de mentiras, desvalorizando el trabajo y el compromiso de cientos de miles de argentinos que resistieron desde partidos políticos o desde el anonimato y que arriesgaron su vida. La lucha por la apropiación de la historia en la Argentina todavía se hace sin límites.

El presidente Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por veinte años de silencio, confundiéndose a sí mismo con el Estado al que representaba. Lo que ocurrió esa tarde en realidad, fue el reconocimiento tácito de que los derechos humanos no habían sido parte de los intereses de los Kirchner hasta que llegaron a la Casa Rosada.

Creo que es muy importante reconocer a aquellos que pudieron ver un poco más allá y nos marcaron el camino, porque son para nosotros una inspiración permanente. Raúl Alfonsin, además de crear la CONADEP con el fin de investigar y organizar las pruebas que el Estado presentaría en el Juicio a las Juntas, dio nacimiento al Banco de Datos Genéticos en 1987, un hecho que revolucionó al mundo científico internacional, que permitió la restitución de la identidad a casi veinte nietos y que hoy alienta la esperanza de encontrar a los que faltan.

Hablar de derechos humanos hoy significa referirse a todos los derechos inherentes a las personas que hacen a la posibilidad de llevar una vida digna. Esto es simple y claramente lo que establece la Constitución Nacional y los once tratados internacionales incorporados a su texto en la reforma de 1994. Esta nueva mirada al tema de los derechos humanos y las enormes posibilidades de progreso que significan para miles de argentinos han sido de alguna manera opacadas por la óptica revisionista del gobierno kirchnerista, que, procurando inventar un pasado glorioso para quienes jamás se ocuparon de los derechos humanos violados por la dictadura, descuida la enorme cantidad de derechos humanos vulnerados hoy en la Argentina de todos los días.

Los derechos humanos se afectan cuando se manosean y se ponen como pantalla para esconder actos ilícitos, como en el caso de Sueños Compartidos. Se relativizan cuando por afinidad política se hace la vista gorda, como el gobierno lo hace ante las violaciones permanentes de Venezuela. Se convierten en descartables cuando Milán, acusado por actos de represión ilegal, es aplaudido y nombrado jefe del Ejército solo porque está al servicio incondicional del gobierno. Pero, por sobre todas las cosas, creo que las violaciones a los derechos humanos que más daño le hacen a nuestro futuro son el deterioro de la educación, la expansión del narcotráfico, la falta de agua potable, de hospitales, de viviendas.

 

Participación de la mujer en política

Debemos observar con mucho cuidado el respeto irrestricto de la ley de cupo que ha sido burlado en numerosas ocasiones. Esto se repite en la conformación de listas de cada acto eleccionario. Hoy el cupo mejora la situación de las mujeres, pero no la equipara. Proponemos, que se establezca por ley la paridad para cargos legislativos y ejecutivos en todos los niveles.

Además,  queremos que se activen las funciones específicas del Consejo Nacional de las Mujeres. Hoy es un organismo de bajo nivel, insignificante en su representación institucional y en la organización del Estado, a pesar de tener enormes responsabilidades que el Congreso le ha asignado para el diseño de las políticas públicas de género.

 

Violencia contra la mujer: ni una menos

La violencia de género mata alrededor de 300 mujeres por año en nuestro país. En abril de 2009 se promulgó la ley 26.485 para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. En ella se disponen las herramientas necesarias para implementar una política pública que nos permita erradicar la violencia de género y los femicidios.

Entre las principales cuestiones normadas se encuentran la asistencia legal gratuita para las mujeres víctimas de violencia, se establecen protocolos para la recopilación y el registro sistemático de datos oficiales sobre la violencia de género y se obliga al Gobierno Nacional a realizar las campañas de difusión necesarias para sensibilizar y concientizar a la población acerca de la violencia de género.

Sin embargo, a seis años de su promulgación, la ley padece de incumplimientos notorios, tanto en lo que se refiere a políticas públicas como a su evaluación.  Según el Observatorio Maricel Zambrano, de la ONG “Casa del encuentro”, en 2014 hubo 227 femicidios en nuestro país, dejando huérfanos de madre a 263 niños. Lamentablemente, en los casos de femicidios vemos que el protagonismo lo tienen las víctimas y las organizaciones sociales, no el Estado. Esta es una deuda importante del Poder Ejecutivo: es su responsabilidad específica poner en funcionamiento las medidas proclamadas en la ley, específicamente en los que refiere a mujeres y niñas.

El Consejo Nacional de las Mujeres, organismo responsable de la aplicación de la Ley 26.485, es un organismo débil, que trabaja aislado, sin respaldo político, sin escuchar ni a los centros académicos, ni a las organizaciones de mujeres, ni a los legisladores que reclamamos un cambio drástico en la planificación y ejecución de políticas contra la violencia de género. El presupuesto proyectado para este congreso para este año es el 0,00027 % del Presupuesto Nacional:  el 70 % del presupuesto destinado a personal un 30 % de sub ejecución y un 30% es de sub-ejecución.

Además, hace falta información estadística sobre este tema. Pese a que el INDEC, el Consejo Nacional de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo Social firmaron un Convenio para implementar el Registro Único de Casos de Violencia Contra la Mujer, no es accesible el seguimiento de su implementación y se desconoce quién es el funcionario responsable. En septiembre de 2012, se comunicó la firma del convenio y la implementación del registro a partir del 1 de enero 2013. El convenio estaba publicado en la Web del Consejo Nacional de las Mujeres, aunque sin las actas complementarias que son las importantes para poder observar la efectiva implementación.

 

Trata de personas

La trata de personas dentro del país y de un país a otro para su explotación sexual y laboral es un delito relacionado con el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero. El 97% de las víctimas de la trata son mujeres y niñas secuestradas y traficadas para su explotación sexual.

Este es un problema gravísimo a la que el Poder Ejecutivo responde de manera tardía y errada, en respuesta a su cobertura mediática más que con una planificación integral y con una perspectiva federal. La ley 26.842 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”, sancionada en 2012, fue reglamentada parcialmente en enero del 2015.

De 27 artículos, sólo 3 fueron reglamentados por Cristina Fernández de Kirchner. Al no reglamentarse el artículo 7, por ejemplo, quedan fuera de la conformación del Consejo Federal el Poder Judicial, el Legislativo y otras jurisdicciones nacionales, así como también la sociedad civil organizada con trabajo específico en trata. Consideramos que con los pocos artículos reglamentados no se podrá avanzar en la lucha contra este grave delito en Argentina. Es por lo tanto necesario reglamentar todos los artículos de la ley y asegurar su aplicación.

Exigimos la reglamentación de todos los artículos y la modificación de las legislaciones provinciales para adecuarlas a la nueva ley de trata de personas. También queremos pedir en forma inter-jurisdiccional el amparo de las víctimas rescatadas a las que no se les ofrece ninguna de las políticas indicadas en la sanción. A su vez, haremos hincapié en la transparencia de los fondos afectados para erradicar la trata y trabajar con sus víctimas. Vamos a alentar la participación en este proceso de las organizaciones de la sociedad civil que fueron fundamentales en el diseño de la ley y que serán fundamentales para garantizar su correcta implementación.

 

Adopción

La reforma del Código Civil y Comercial, que entrará en vigencia este año, cambiará el Sistema de Adopción. Sobre el eje que establece la ley nacional de infancia 26.061 que garantiza todos los derechos de niños, niñas y adolescentes, el nuevo Código promueve especialmente el derecho que tienen todos los niños de tener una familia y establece que Estado debe hacer efectivas las políticas universales y específicas para que los grupos familiares puedan criar a sus hijos independientemente de su nivel socioeconómico.

La adopción es una medida de último recurso: es posible una vez que se hayan agotadas todas las políticas y cuando las mujeres y hombres no puedan seguir ejerciendo la función familiar. El nuevo código reconoce las capacidades de los niños que son dados en adopción y los hace protagonistas del proceso de adopción. Establece también que las familias que deciden dar en adopción deben ser respetadas y continuar con los vínculos familiares, a menos que existan serios impedimentos legales. Aunque hay aspectos que no han sido considerados en la reciente reforma respecto de las capacidades de los niños, es importante reconocer el avance en términos de derechos para contrarrestar la falta de claridad en los procedimientos, plazos y garantías de funcionamiento de los órganos estatales.

Sin embargo, es necesario proveer una capacitación exhaustiva a los operadores administrativos y judiciales de todas las jurisdicciones e instar a las jurisdicciones a la adhesión al Registro Único de Adoptantes. También queremos asegurar el acceso a información oportuna, permanente y pública para todos los involucrados en el proceso. y el patrocinio especializado y gratuito para los niños que están en procesos de adopción.

 

Identidad de género

La población trans padece en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional. La situación de discriminación, la falta de acceso a la educación y trabajo, lleva a muchas de ellas a la prostitución. El menoscabo de los derechos de estas personas llevaba a una verdadera «muerte civil».

La ley 26.743, sancionada en mayo de 2012, toma en cuenta los derechos de las personas trans, sobre todo los de identidad y salud, y constituye un gran avance. Es la primera ley en el mundo que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de adecuación corporal para el acceso a este derecho. La ley atiende principalmente a dos aspectos: la adecuación de la identidad de estas personas, según sus requerimientos y deseos, y las garantías para que accedan a los programas de salud integral que necesiten para la vivencia personal del cuerpo, así como el derecho de hacerlo en todos los establecimientos públicos y servicios médicos de todo el territorio, como parte de las prestaciones medicas obligatorias.

Proponemos reglamentar el artículo 11 “Derecho al libre desarrollo personal" de la ley 26.743, exigir la implementación de la Educación Sexual Integral en todas las escuelas con sus respectivos manuales. Además, queremos que la ley se aplique con la inclusión de modelos no heteronormativos que comprendan la sexualidad en sí y no con un mero fin biológico o reproductivo. De este modo, se evitarán estereotipos que no están relacionados con la realidad de diferentes tipos de familia y formas de vivir la sexualidad.