Anticorrupción

La propuesta

 

Todos podemos sospechar que, si un gobierno no quiere dar información, es porque tiene algo que esconder. Una ciudadanía informada representa una amenaza para un gobierno corrupto. Si la ciudadanía conoce cómo funcionan las instituciones y cómo se maneja el dinero de sus impuestos, puede controlar el accionar del gobierno y prevenir actos ilegales y corrupción. La voluntad de transparencia del gobierno queda entonces en evidencia en su preocupación -o no- por abrir archivos, por explicar, por hacer comprender, por reconocer errores y por describir fielmente hechos y circunstancias que son parte de su actividad diaria.

Es urgente la sanción de una Ley de Acceso a la Información Pública que obligue al Estado y a quienes reciben dinero del Estado a publicar la información que manejan para que esté al alcance de todos. Es necesaria una ley que permita a los ciudadanos controlar cada acto de gobierno y que ponga fin a la arbitrariedad absurda a la que estamos acostumbrados. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer los mecanismos de control de las actividades del gobierno.

Nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo estas reformas. Un gobierno honesto, a diferencia de un gobierno corrupto, prefiere ser controlado. Nosotros queremos que, en caso de ser gobierno, la ciudadanía y hasta nuestros opositores estén alertas para detectar cualquier irregularidad que pueda llegar a escapar a nuestro control. Con esta voluntad de transparencia podemos romper la relación asimétrica entre gobernantes y gobernados: nada combate más a la corrupción y a la ineficiencia que los ciudadanos con poder para controlar a sus gobernantes.


 

 

Ley de Acceso a la Información Pública

El derecho al acceso a la información pública es un mecanismo indispensable de la gestión pública de todo gobierno democrático. Consiste en que los ciudadanos puedan disponer de la información necesaria para participar de manera real y responsable en los asuntos públicos. La transparencia no tiene ideología: el acceso a la información es ni más ni menos que la base del sistema republicano, ya que garantiza la transparencia del ejercicio público, previene la corrupción y permite la participación ciudadana. A la vez, el acceso a la información complementa y potencia el derecho a la libertad de expresión y, por lo tanto, la capacidad de los ciudadanos de expresar sus demandas.

Sin embargo, la Argentina es uno de los cuatro países latinoamericanos, junto con Bolivia, Venezuela y Costa Rica, que no cuentan con una Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada ya en noventa países en el mundo. El derecho al acceso a la información pública fue incorporado a la Constitución argentina a partir de la reforma de 1994 y la Argentina reconoció que este un derecho en diversas declaraciones y tratados internacionales. Pero ya son varias las veces en que a la Argentina se le llama la atención en organismos internacionales por no honrar este derecho fundamental para la vida saludable de una democracia.

Proponemos que el acceso a la información sea reconocido como un derecho a través de la sanción de una Ley de Acceso a la Información Pública y que la transparencia se institucionalice por medio de la creación de mecanismos de rendición de cuentas, el fortalecimiento de los órganos de control y la ampliación de espacios de participación pública. El nuestro será un gobierno abierto, un gobierno que establezca canales de comunicación con los ciudadanos y que prevenga la corrupción con cuentas claras.

Asumimos el compromiso de garantizar que la administración y operación de todos los servicios públicos, así como el desarrollo de las políticas públicas y de industrias de alto impacto fiscal, ambiental y social, puedan ser supervisados por la comunidad, es decir, que estén abiertos al escrutinio de la ciudadanía. Las finanzas del Estado son en realidad un "fondo común" al que todos aportamos en proporción a nuestros ingresos.

Como en cualquier fondo común, tenemos derecho a saber exactamente cuánto se paga y quién lo recibe. Por eso, buscaremos que la información sobre proyectos y planificación de la gestión pública se publique de manera oportuna, sencilla y clara. Incorporaremos recursos de control y de rendición de cuentas innovadores. Como precondición para ser completado, cada pago público figurará en la web junto con el nombre de su beneficiario y estará fácilmente disponible para la búsqueda, como explicamos en nuestra propuesta “Cuentas Claras”.

Por otro lado, a través de un simple algoritmo, propondremos un sistema de "publicidad ciega": el monto que reciba cada medio resultará de un algoritmo idéntico para todos los medios, dependiendo de parámetros objetivos y de fácil consulta en Internet.

Queremos que los ciudadanos puedan realizar un control de las acciones de gobierno y, a la vez, crear valor económico y social en la difusión de datos públicos ofrecidos libremente por la administración. Con este fin, creemos que el proceso de difusión de la actividad pública debe estar acompañado de la generación de espacios permanentes que garanticen el derecho a la información y la participación ciudadana en la cosa pública. Creemos, también, que los ciudadanos deben poder participar en la toma de decisiones del gobierno, incluso en la designación de funcionarios clave, y colaborar con la administración de los problemas públicos.

Queremos un país en donde el acceso a la información pública sea un derecho y un hábito. En donde los gobernantes estén realmente al servicio del pueblo que los votó, al servicio de una ciudadanía activa dispuesta y capaz de supervisar a sus representantes y de participar en la administración de la cosa pública. Aumentando el protagonismo y canalizando el potencial innovador de los ciudadanos, la sociedad civil y el mercado en los procesos de administración pública, vamos a asegurar una adecuada gestión de las demandas sociales y un mayor compromiso de todas las partes involucradas.

 

Lucha contra la corrupción

Además de mejorar la calidad y el acceso a las estadísticas de la gestión pública, proponemos fortalecer los órganos de control de las actividades del gobierno a través de la actualización de los procesos de licitaciones y contrataciones públicas, la creación de un sistema de declaraciones juradas y el desarrollo de mecanismos internos para detectar actos de corrupción y reducir la impunidad.

Si somos gobierno, vamos a crear una comisión para investigar los casos de corrupción. Será un organismo con personas notables elegidas por todo el arco político que quiera participar, para recibir denuncias y acumular pruebas que luego le sirvan a la Justicia para resolver. Buscaremos facilitar el acceso a los canales de investigación judicial de eventuales casos de corrupción y asegurar su resolución con medidas políticas claras de investigación interna. También vamos a reabrir todas las causas por corrupción que en esta época se hayan cerrado e investigar si han sido “cosa juzgada fraudulenta”. Creemos necesario reabrir esas causas y también juzgar a los fiscales y a los jueces que han cometido esos atropellos. Seremos exigentes con todos, pero sobre todo con los nuestros. Sería bueno que todos los que se dicen partidarios del cambio asumieran públicamente el mismo compromiso.

Para asegurar la consecución de estas políticas, acordaremos con todo el arco político que entidades como la Oficina Anticorrupción no sea una dependencia controlada por el Poder Ejecutivo, ya que es precisamente el ente al que se pretende controlar, sino que tenga todas las garantías de una institución independiente y con participación de la oposición política en la elección de sus autoridades. En la Argentina que viene la Oficina Anticorrupción será una herramienta dotada de los máximos recursos. También, pondremos a funcionar por ley la Comisión Nacional de Ética Pública en el ámbito del Congreso de la Nación.

Así como los ochenta fueron una bisagra para los derechos humanos, a partir del próximo gobierno habrá un antes y un después en la lucha contra la corrupción. El cambio de la Argentina tiene que ver con romper con la idea de un pacto de impunidad permanente. Queremos liderar un cambio profundo que haga que nos rebelemos contra la corrupción. Los argentinos tenemos que tener claro que un futuro de progreso requiere ciudadanos comprometidos, transparencia pública, funcionarios creíbles y un Estado que, sobre la base de sus hechos y de una nueva relación con la verdad, cree confianza.