La propuesta

 

Hoy sembrar, cosechar, y trabajar la tierra no sólo significa un castigo. Implica también estar expuesto a ataques prejuiciosos y antiguos que dan cuenta de que hay un gobierno que no comprende la actividad productiva ni tampoco las cadenas de valor agropecuarias ni las economías regionales. Tenemos un gobierno que sigue insistiendo con los derechos de exportación y con negarles créditos a las actividades rurales, que han perdido rentabilidad en todas y cada una de las economías. Los productores no piden ni que hagamos maravillas ni magia, están pidiendo sentido común, que hace rato no encuentran, como tampoco encuentran a un interlocutor.

El campo tiene que ser un socio estratégico de todos los gobiernos. Si somos gobierno, vamos a llevar a cabo reformas tributarias, desarrollar la infraestructura, potenciar la productividad y promover las economías regionales.

Un buen gobierno debe crear condiciones para que, donde hoy se cosecha un kilo, se cosechen dos; para que, donde hoy hay un trabajador, haya dos; para que, donde hoy hay un insumo importado, pueda haber un insumo nacional; para que, donde hay riesgo ambiental, éste se gestione adecuadamente; para que, donde el mercado es opaco, sea transparente; para que se agregue más valor y calidad a la producción y esto impacte directamente en la sociedad. Estamos a tiempo de corregir el rumbo y desarrollar un objetivo común que le devuelva el progreso y la grandeza a la Argentina.

 


 

El campo es progreso

La visión de la actividad económica realizada en el campo como actividad “primaria” está absolutamente desactualizada. Es cierto que hay actividades rurales rústicas, pero la transformación técnica que se ha concentrado en la producción agropecuaria y rural en general es de tal magnitud que es imposible ya clasificarla de esa manera. Hoy cada bolsa de granos, cada litro de leche y cada tonel de vino o de aceite de oliva están cargados de conocimiento, esfuerzos logísticos, empeño por cuidar el ambiente, elementos de diferenciación, horas de consultoría.

La resolución 125 desnudó por completo la mirada que tiene el kirchnerismo sobre el poder, que, como se dijo en ese debate histórico, es la misma que tenían los señores feudales que fijaban tributos sin límites, atentos sólo a sus propias necesidades. Es imposible el desarrollo y progreso del país si el gobierno no habla con los productores agropecuarios. Quienes administran el país tienen que tener un trato cotidiano con quienes crean la mayor riqueza. No hacerlo es una locura.

La Argentina puede producir en el mediano plazo doscientos millones de toneladas de granos y tener un stock de cien millones de cabezas de ganado. En diez años podemos exportar, entre materia prima, manufacturas, granos y biocombustibles, cien mil millones de dólares. Queremos que esas exportaciones sean hechas por empresas argentinas, que esos productos tengan patentes argentinas incorporadas, que nos vuelva a distinguir el producir mucho y bien.

 

De un Estado que traba a uno que facilite

Si queremos productores afincados en el campo, si queremos pueblos que giren alrededor de la producción y que los jóvenes no tengan que ir a las grandes ciudades en busca de oportunidades, tenemos que generar, por un lado, mejor infraestructura física y social y, por otro, políticas que promuevan la actividad agropecuaria. Tenemos que asegurar que la gente tenga condiciones de vida dignas, con acceso al agua potable, telefonía, Internet, educación, transporte, salud, seguridad y cultura. Además, debemos generar un conjunto de políticas promocionales: no se trata sólo de no cobrar impuestos, sino también de conocer con precisión cómo potenciar procesos de capitalización que permitan a todas las zonas del país adquirir competitividad.

Hay que achicar los costos logísticos de transporte mediante la extensión del ferrocarril y la construcción y el mejoramiento de los caminos rurales y de las autopistas. Proponemos la creación de una Red Federal de Autopistas, sin peajes, que una las 22 capitales provinciales continentales y la capital de la Nación, además de otras ciudades imprescindibles por motivos estratégicos o por saturación de las rutas actuales. Esto va a permitir el crecimiento del interior del país a través la revalorización de los pueblos pequeños y medianos. Aumentar la población de los pueblos y ciudades del interior les permitirá recibir servicios que hoy no llegan por un tema de escala. Con políticas sustentables de movilidad, energía y cuidado del ambiente se podrá incrementar y sostener el nivel de vida de toda su población.

Es fundamental, también, una reforma tributaria que incluya la eliminación de las retenciones a las economías regionales y la revisión de todas las otras retenciones de la pampa húmeda. El impuesto a la exportación es un pésimo impuesto: es injusto y genera menos producción. Vamos a eliminar inmediatamente todas las retenciones industriales y de todas las economías rurales no pampeanas; rápidamente incorporaremos a esa eliminación los cultivos pampeanos, con excepción de la soja, que por motivos fiscales no puede eliminarse de inmediato. Vamos a desmantelar todas las restricciones administrativas a la exportación. Al que produce y exporta no hay que hacerle pedir permiso: hay que darle las gracias por contribuir al empleo y a la generación de divisas con las que funciona el resto de la economía.

Debemos también encarar con una nueva perspectiva el tema de las unidades económicas en las economías regionales. Como en el caso de Mendoza, donde la unidad económica para la fruta, inclusive para la uva, hace treinta años era de diez o doce hectáreas. Hoy ningún productor puede vivir con esa cantidad de hectáreas. La unidad económica se ha cuadruplicado pero, a la vez, sigue siendo un sistema de minifundios, con la tierra dividida en pequeñas parcelas.

Además, vamos a poner en marcha un programa de seguros climáticos que permita a los productores eliminar los riesgos financieros asociados a los imprevistos de la naturaleza.