La propuesta

 

En la salud se ve, como en casi ningún otro ámbito, la desigualdad escandalosa de la Argentina. Si no hay igualdad en salud, si el niño que nace en una familia más pobre tiene una peor atención sanitaria, es muy difícil llegar a nuestro objetivo central: una sociedad próspera y con igualdad efectiva de oportunidades.

Cuando nos preguntamos cómo queremos mejorar nuestro sistema de salud, debemos hablar de muchas cosas: de los hábitos de vida de los argentinos, del sistema de atención en los hospitales públicos, de la infraestructura hospitalaria y su distribución en el territorio nacional, de la formación de nuestros profesionales, de las obras sociales y su relación con los sindicatos, de la medicina prepaga, de los laboratorios y del PAMI, entre otros puntos.

Todos estos temas son relevantes e interdependientes. Todos estos temas serán prioridad en nuestro gobierno. Nos comprometemos a idear un sistema integral de salud que asegure un mayor grado de articulación entre los sectores público, privado y de seguridad social. Al mismo tiempo, vamos a reformar el sector público, a través de la adjudicación clara de las responsabilidades de cada nivel de gobierno y de la asignación de recursos necesarios para cumplirlas. Queremos también fortalecer las obras sociales, para que todos los trabajadores y sus familias reciban la asistencia médica que merecen. Creemos y trabajaremos por un Estado presente y activo en todos los servicios sociales, que provea las herramientas para que todos los argentinos podamos gozar de un servicio de salud integral y de calidad.

 


 

 

Prevenir es mejor y más barato que curar

En políticas de salud, primero hay que hablar de la salud y cómo preservarla, y sólo después de la enfermedad y como curarla.

En la Argentina, las enfermedades crónicas, como las cardiovasculares (ECV), la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y algunos tipos de cáncer, representan más del 60% de la mortalidad y la discapacidad. Las ECV son la primera causa de muerte y discapacidad en nuestro país: representan más de 100.000 muertes y 250.000 eventos por año a un costo estimado superior a los 1.000 millones de dólares para los sistemas de salud y la sociedad en general.

Lo cierto es que la aparición de enfermedades crónicas va de la mano de hábitos arraigados riesgosos, como el tabaquismo y el alcoholismo, y de estilos de vida no saludables, como la mala alimentación y el sedentarismo. En nuestro país el 27% de la población fuma, el 35% tiene hipertensión arterial, el 9,6% diabetes, el 18% obesidad y el 29% hipercolesterolemia. Del otro lado del mostrador, solo el 5% consume al menos cinco porciones de fruta o verdura por día, como está recomendado, y más de la mitad hace poca actividad física.

Queda claro que trabajar sobre la prevención es la mejor forma de hacer salud. No sólo porque salva muchas vidas, sino por algo tan básico como que tratar enfermedades es mucho más caro que prevenirlas.

Tenemos que implementar las políticas públicas necesarias para detener en la Argentina el avance de la epidemia de enfermedades crónicas relacionadas con la adopción de estilos de vida no saludables y conductas individuales riesgosas. Uno de mis objetivos en salud pública es reducir 2 mmHg la presión arterial promedio de la población. Muchos pueden decir que esto es mínimo, pero ese pequeño cambio reducirá un 6% el número de ACV, un 4% los eventos coronarios y un 3% las muertes. Pero hay que hacer mucho más.

Debemos lograr:

  • Proveer información a los usuarios y consumidores a través de medios masivos de difusión o redes sociales para concientizarlos sobre las conductas de riesgo o hábitos no saludables y para promover conductas deseables.
  • Diseñar e implementar guías y protocolos para los profesionales de salud para mejorar la prevención y control de estas condiciones.
  • Promover acuerdos voluntarios con la industria alimenticia.
  • Exigir etiquetas con información nutricional en los envases de los alimentos procesados.
  • Impedir o dificultar la producción y / o el consumo de productos perjudiciales para la salud y promover hábitos deseables.
  • Facilitar la producción y el consumo de alimentos saludables a través de subsidios.

Tenemos que poner más foco en la salud y menos en la enfermedad; para eso hay que trabajar en un plan de prioridades nacionales con médicos, educadores, comunicadores, ingenieros sanitarios, sanitaristas, urbanistas, trabajadores sociales. Centrar los esfuerzos de salud pública en la prevención, la educación para la salud, la atención primaria y los grupos vulnerables nos va a permitir mejorar de un modo ostensible como sociedad.

 

Un sistema de salud integral orientado a la atención primaria

La mayor falencia del sistema de salud de la Argentina es que es un sistema muy complejo y el Estado no se preocupa lo suficiente por articular ni regular la relación entre sus partes. Los proveedores de servicios de salud en nuestro país son muchos y tienen diferentes esquemas organizativos. Estas diferencias entre ellos, así como la falta de una visión integradora de largo plazo por parte del Estado, dificultan la capacidad del sistema de salud de proveer respuestas adecuadas a las demandas de los ciudadanos.

Nuestro sistema de salud actualmente está muy segmentado y no hay una buena articulación entre sus partes: hoy coexisten tres subsistemas de salud con financiamientos y gestión compartimentalizados (público, seguridad social, privado) que cubren a distintos segmentos de la población. Habitualmente, el sub-sistema de la seguridad social provee servicios de salud a los empleados de la economía formal y sus familias, el sub-sistema privado cubre a las familias de mayores ingresos y el sub-sistema público provee, principalmente, atención a los segmentos más pobres.

A la vez, cada sub-sistema de salud está fragmentado: muchas entidades funcionan dentro de un mismo sector. Por ejemplo, dentro del sector de seguridad social hay un sinnúmero de obras sociales, muchas de ellas muy pequeñas e ineficientes, mientras que el sub-sistema de salud público está gestionado simultánea y desordenadamente por los gobiernos nacional, provinciales y municipales. Esto eleva los costos administrativos y reduce el porcentaje de financiamiento que llega directamente a los servicios de salud para beneficio de los pacientes.

Al mismo tiempo, esta segmentación y fragmentación lleva a que se dupliquen las coberturas de salud con efectos adversos sobre la eficiencia y la equidad. Por ejemplo, un paciente con una cobertura privada o de seguridad social puede también hacer uso del sistema público de manera gratuita y, como el sistema público no da abasto, esta duplicación perjudica la atención que el sistema público le puede proveer a quien no tiene cobertura.

La ausencia de un Estado que regule el financiamiento, la prestación y la entrega de los servicios de salud por parte de los distintos actores permite que éstos interactúen sin reglas claras y, muchas veces, a expensas de las necesidades de los pacientes. Al final del día, todos se adjudican los éxitos pero nadie se hace cargo de los fracasos.

Es por eso necesario idear un sistema integral de salud que asegure, en primer lugar, un mayor grado de articulación entre los diferentes sub-sistemas, el público, el privado y el de seguridad social. Al mismo tiempo, necesitamos reducir la fragmentación dentro de los mismos sub-sistemas de salud. Lo haremos en el sector de seguridad social a través del fortalecimiento y la fusión de obras sociales, y en el sector público, a través de la adjudicación clara de las responsabilidades de cada nivel de gobierno y de la asignación de recursos necesarios para cumplirlas.

El Ministerio de Salud de la Nación deberá cumplir un rol integrador, diseñando, evaluando y ayudando a mejorar y equilibrar la calidad de prestaciones de salud en todo el territorio nacional. Su objetivo primordial será proveer a las distintas partes las herramientas necesarias para lograr una mayor articulación de los esfuerzos y un uso más eficiente de los recursos.

Nosotros nos comprometemos a desarrollar un sistema de salud integral financiado y gestionado por los tres niveles de gobierno y orientado a la provisión de una atención primaria de salud equitativo en todo el territorio nacional.  Tenemos que garantizar que todos los trabajadores formales tengan acceso a un servicio de salud de calidad a través de obras sociales fortalecidas con cartillas médicas amplias y un plan médico obligatorio completo.

La atención primaria de la salud es un derecho de todos los argentinos y, por lo tanto, es necesario que todos puedan satisfacerlo por igual. Hay evidencia cada vez más contundente de que la atención primaria se correlaciona con mejores resultados sanitarios. De muchos de estos estudios de correlación se desprende que si bien las políticas de atención primaria no pueden corregir la inequidad social, cuyo mayor determinante es la mala distribución de la renta, sí puede morigerar sus efectos perjudiciales sobre la salud individual y colectiva.

Una clara expresión de la desarticulación del sistema de salud es la falta de coordinación y asignación clara de responsabilidades y recursos que existe entre el gobierno nacional y las provincias. Todos los días escucho el derrotero de los ciudadanos que hacen colas desde la madrugada para conseguir turno en los hospitales, que generalmente están a varias horas de viaje de sus casas. De nada sirve que el gobierno nacional inaugure un hospital en el Gran Buenos Aires si luego el gobierno provincial no puede nombrar los médicos. Por eso es tan importante la articulación entre niveles de gobierno

El presidente Menem se desentendió de la salud pública llevando a cabo la última etapa de la transferencia de los hospitales a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires sin el correspondiente traspaso de recursos. Por ejemplo, la Capital Federal, que tenía un sistema de hospitales construidos por la Nación, pensados para atender a argentinos de todo el país y especialmente a los de la provincia de Buenos Aires, tuvo que hacerse cargo, de buenas a primeras, de mantener ese mismo sistema de salud sólo con los recursos de los porteños.

Hoy día, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires gestionan y financian sus propios sistemas de salud públicos. Muchas provincias y la Ciudad misma carecen de los fondos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y proveer servicios de atención primaria. El sistema se encuentra colapsado por la falta de inversión en infraestructura y el aumento sostenido de la demanda.

Es evidente la necesidad que existe de desarrollar un sistema de salud integral regulado por el Estado nacional, financiado y gestionado por los tres niveles de gobierno y orientado a la provisión de una atención primaria de salud equitativo en todo el territorio nacional. Para eso, es fundamental adjudicar claramente a cada nivel de gobierno las responsabilidades que le conciernen y aseguran que tengan los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Nosotros con comprometemos a hacer que los hospitales y clínicas públicos de todo el país sean centros de atención primaria integrales y eficientes.  Pero además hay que acercar la salud a las personas con centros de atención primaria. Para esto, promoveremos la coparticipación federal en la asignación de los recursos destinados a la salud pública y el incremento del porcentaje del presupuesto nacional, provincial y municipal destinado a desarrollar el sistema de salud. Desde el Gobierno Nacional, desarrollaremos una visión clara de largo plazo que guíe el desarrollo de un sistema de salud avanzado, integral y para todos. Velaremos para que todas las provincias, incluso las más pobres, tengan los fondos y el conocimiento necesarios para proveer servicios de atención primaria de calidad.

Además, para complementar la financiación pública para la atención primaria y especializada, el Estado promoverá también un sistema hospitalario que le permita a los hospitales públicos cobrarle a las obras sociales y a las prepagas de los pacientes que cuenten con ellas por todos servicios prestados.  No puede ser que los argentinos paguen dos veces por la salud: primero a la obra social y luego, si van a un hospital, al Estado a través de sus impuestos.

A la vez, buscaremos reducir la necesidad de hacer pagos directo totales o parciales por los servicios prestados y los medicamentos, ya que esto condiciona el acceso de las personas a los servicios de salud a su capacidad de pago y no de acuerdo con sus necesidades sanitarias.

Nos comprometemos, además, a que los servicios de atención cumplan con los estándares de seguridad y calidad mínimos e indispensables, enunciados por la Organización Mundial de la Salud en 2005. Desafortunadamente, hoy en la Argentina ninguna institución pública de salud, sean hospitales de alta y mediana complejidad o centros de atención primaria cumple con éstos estándares mínimos de OMS generándose así un aumento en el riesgo de secuelas y/o muerte asociados a los cuidados de la salud.
 
De todas las personas que se atienden en instituciones de salud se estima que en países desarrollados una de cada diez sufre un daño que deja secuelas (morbilidad) o incluso la muerte como producto de los cuidados de la salud que ha recibido. Estos eventos de morbilidad y mortalidad pueden ser prevenibles o al menos reducibles mediante la modificación de los procesos en la atención aplicando estándares de calidad y seguridad. 
 
Por eso, debemos generar, desde un equipo de salud conformado por expertos en calidad y seguridad de la atención, un programa nacional de evaluación de situación de riesgo de instituciones de salud e implementación de no sólo los estándares mínimos de OMS sino también de otros criterios utilizados en países desarrollados a fin de reducir secuelas y fallecimientos prevenibles así como proveer a la población una atención médica pública segura y de calidad.

También vamos a integrar los cuidados de los pacientes con depresión y problemas de salud mental y adicciones a plataformas de atención con base en la atención primaria. Habitualmente el enfoque terapéutico es fragmentado y excluye a la mayoría de los pacientes afectados sin dar habitualmente cuenta de la cultura y el contexto en que se encuentran. Por eso es necesario que un abordaje integrado entre los equipos de atención primaria y los especialistas de salud mental y recuperación de adicciones. Además, asignaremos fondos y coordinaremos con las provincias el establecimiento de centros de integrales para la recuperación de las adicciones, trabajando junto con un SEDRONAR bajo control real del Ministerio de Salud.

 

Garantizar un sistema de seguridad social de calidad

En la Argentina, la mayoría de los trabajadores y sus familias hacen uso del sistema de salud a través de los servicios prestados por obras sociales. Es fundamental asegurar, desde el Estado, que estos servicios sean de calidad y en justa proporción a los aportes que hacen los trabajadores. Como parte de nuestro programa Juntos en Blanco y en vistas a desarrollar un sistema de salud más equitativo, me comprometo promover el fortalecimiento de las obras sociales y asegurar que todo quien trabaje pueda aportar y recibir una prestación de salud acorde con sus necesidades.

En la actualidad, el sub-sistema de seguridad social, que incluye obras sociales, provinciales y el PAMI, es ineficiente y no provee, en muchos casos, la calidad de servicios de salud que los trabajadores y sus familias necesitan. Para reducir gastos, las obras sociales operan a cartilla de servicios cerrada y con sistemas capitados pactados con entidades privadas. Las cartillas generalmente son muy limitadas e incluyen sólo los servicios médicos estipulados en el Plan Médico Obligatorio y de Emergencia (PMOE), muy reducido desde el año 2002.

El sistema de seguridad social es compulsivo, es decir que los trabajadores tienen la obligación de afiliarse a la obra social de su sindicato o, en el caso de los gremios más chicos, a la obra social del sindicato con el que se ha establecido un convenio. El gran nivel de fragmentación que existe en el sector de seguridad social lleva a que, en algunos casos, las obras sociales sean tan pequeñas que apenas llegan a cubrir los costos de los servicios que deben proveer.

Aunque técnicamente es posible cambiar de obra social después de un año de afiliación, el trámite es engorroso y caro y lleva a que, aunque sea deficiente, la mayoría de los trabajadores opte por quedarse con la oferta de su propio gremio. Esto disminuye la competencia entre obras sociales y su motivación por mejorar y termina afectando a los mismos afiliados que aportan dinero de su sueldo para solventarlas.

Es evidente la necesidad que existe de fortalecer las obras sociales y hacerlas más eficientes para que todos los trabajadores puedan acceder a un sistema de salud de calidad. Creo que la clave para lograr esto es, en primer lugar, formalizando el trabajo. A través de nuestro programa Juntos en Blanco, formalizaremos a todos los trabajadores y así, aumentaremos el caudal de aportes a las obras sociales. Con más fondos, las obras sociales van a poder proveer mejores servicios. Además de aumentar los fondos de las obras sociales a través de nuestro programa de formalización laboral, queremos establecer una cápita mínima de aporte e introducir un criterio redistributivo, para que los aportes de los afiliados con sueldos más bajos alcancen para financiar el sistema para todos.

Es necesario que el Estado asegure que toda obra social tenga una cartilla con una cantidad suficiente de proveedores y un sistema de reintegro parcial para que los afiliados puedan elegir y obtener una atención médica acorde con sus necesidades. Además, buscaremos regular mejor las prestaciones con un plan médico obligatorio y más amplio: actualizaremos el PMOE para que se adecúe a las necesidades de los pacientes y no meramente a cuestiones de costos. Si alguna obra social no puede cumplir con estos estándares, podrá fusionarse o llegar a acuerdos con otras obras sociales y así proveer un servicio completo a sus afiliados.

Es también fundamental que los trabajadores puedan elegir a qué obra social quieren pertenecer y porqué. Quiero garantizar la libre elección de obras sociales, efectiva y sin costos. También quiero que los afiliados puedan elegir su obra social y los servicios profesionales con plena información, pudiendo acceder a contratos con proveedores y a informes detallados sobre el manejo de los fondos aportados por los afiliados. La libre elección de la obra social por parte de los trabajadores motivará la sana competencia entre las obras sociales y, en el mediano o largo plazo, a la fusión de muchas de ellas en organismos más eficientes y mejor articulados con los otros sub-sistemas de salud.

 

Información sanitaria integral e historia clínica electrónica

Una clara expresión de la desarticulación del sistema de salud es la falta de sistemas de información interoperables que permitan articular de manera coherente la información sanitaria. El Ministerio de Salud de la Nación viene desarrollando iniciativas como el Sistema de Información Integrada Sanitaria Argentina (SISA), pero esta iniciativa es un repositorio de información sin una lógica que permita articularla. Resulta fundamental dar un debate profundo y proactivo sobre este tema para implementar soluciones de fondo que permitan armar mejor nuestro rompecabezas sanitario.

Para mejorar la eficiencia del servicio de atención primaria y especializada, vamos a actualizar los padrones de las obras sociales y las prepagas y, si está en la voluntad de los pacientes, sistematizaremos las historias clínicas para poder recuperar la información obtenida en distintos puntos de atención. Esto permitirá garantizar una atención del paciente continuada, sobre todo en el caso de pacientes con enfermedades crónicas, y al mismo tiempo evaluar de manera explícita, objetiva y transparente la calidad de los cuidados recibidos por parte de los prestadores. Además, proponemos sistematizar y unificar el registro estadístico de los hospitales públicos para poder hacer controles epidemiológicos certeros y en tiempo real y actualizar los planes de vacunación.

Otra muestra del grado de desarticulación de sistema de salud de nuestro país es que no existe una elaboración ni un control centralizados de los planes de formación y de las matrículas de especialización médica. Para asegurar un nivel de atención pública homogéneo y de calidad, el Ministerio de Salud, junto con las asociaciones de profesionales de las distintas especialidades médicas, diseñará planes y criterios nacionales de formación y evaluación de especialistas. También fomentaremos la formación en enfermería, devolviéndole a esta profesión fundamental para una correcta asistencia primaria el reconocimiento que merece con salarios y condiciones de trabajo dignos, asegurando la creación de un plantel de enfermeros capacitados en todo el país.

 

Investigación y regulación de prestaciones de salud y nuevas tecnologías sanitarias

Cualquier sistema de salud persigue dos grandes objetivos. El primero es maximizar el avance científico y tecnológico para mejorar la salud de la población; el segundo es asegurar que esos beneficios lleguen a todos los ciudadanos por igual, independientemente de las características del acceso, la capacidad de pago o el tipo de cobertura sanitaria.

En las últimas décadas, el surgimiento de nuevos medicamentos, dispositivos o procedimientos muchas veces efectivos pero cada vez más costosos, desafían de manera dramática la sustentabilidad financiera de los sistemas de salud si no se regulan sus indicaciones para que lleguen a  los grupos poblacionales que mayor beneficio pueden obtener. Por otra parte, los ciudadanos se ven sometidos un conflicto cada vez mayor que tiene como causa la oferta de nuevos procedimientos tecnológicos, cada vez más sofisticados y prometedores por un lado y el permanente crecimiento del gasto sanitario por el otro, sin que los resultados reflejen la magnitud y la extensión de ese gasto.

La elaboración de una visión integral de largo plazo para guiar el desarrollo de nuestro sistema de salud, por lo tanto, requiere que promovamos la investigación y fomentemos y regulemos las industrias proveedoras de productos relacionados. Por eso, colaboraremos con hospitales escuela y facultades dedicadas al área de salud con fondos y con obras de infraestructura para fomentar la investigación en todas las ramas de la medicina. Para promover y premiar la investigación, proponemos promulgar una ley de patentes medicinales y de implantes racional.

Además, crearemos una Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria que asesore al gobierno y lo ayude a tomar decisiones informadas sobre políticas de cobertura y asignación de recursos y estimar las consecuencias sanitarias, económicas, éticas y sociales de la inclusión de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, colocaremos el ANMAT (la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) bajo el control del Ministerio de Salud para que éste regule, con la colaboración de las asociaciones de profesionales médicos, la calidad de los productos médicos de manufactura nacional.

 

La importancia de la salud materno-infantil

En un país que produce alimentos para cuatrocientos millones de personas, la desnutrición infantil es inmoral. Frente a un problema estructural como éste, lo primero que no hay que hacer es esconderlo con la falta de datos estadísticos o disfrazarlo cambiando la terminología. Atacaremos el problema sólo si lo definimos con sinceridad. En la Argentina no hay cada vez más chicos de menor estatura y de bajo peso; en verdad, lo que existe son chicos y familias con nutrición deficiente. En algunas zonas del país se han manipulado hasta tal extremo los indicadores para medir la desnutrición que pareciera que los niños desnutridos han dejado de existir. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que se han dejado de contabilizar.

De acuerdo con el Barómetro de la Deuda Social de la UCA, la desnutrición crónica infantil en la Argentina es de 8% y la aguda es de 1,3%. De cada diez niños argentinos, dos tienen vulnerabilidad alimentaria. La deficiencia nutricional en nuestro país no sólo existe, sino que está empeorando. El total en el año 2013 de niños y niñas de 0 a 17 años en la Argentina alcanzó 19,6%, siendo la inseguridad alimentaria severa dentro de ese porcentaje 10,3%. Según CESNI (Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil), que colabora con la Organización Mundial de la Salud, en la Argentina el 50% de los chicos entre seis meses y dos años padecen de anemia por falta de hierro por culpa de la mala alimentación.

Como lo define la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la desnutrición es el resultado de una reducida ingestión alimentaria en un período prolongado de tiempo, sumada a la absorción deficiente de los nutrientes consumidos. Las causas fundamentales de la desnutrición infantil son complejas y multifactoriales: abarcan el entorno económico, social, político, cultural y físico. La pobreza, de la que no tenemos números certeros, se encuentra directamente asociada a la inseguridad alimentaria. Las condiciones ambientales, como la insalubridad, la falta de acceso a agua potable, el saneamiento y la atención sanitaria, y el hacinamiento son todos factores que influyen en el riesgo de un niño de padecer desnutrición.

Estos factores afectan no sólo la capacidad de los niños de recibir una alimentación apropiada, sino que también afectan la capacidad de las madres mismas de tener embarazos saludables y partos exitosos. La mortalidad materna en Argentina es inaceptablemente alta en nuestro país, sobre todo comparada con nuestros vecinos en el Cono Sur. En Argentina, 40 mujeres mueren durante el parto por cada 100.000 nacidos vivos por año. Esto es más del doble de las cifras de Chile (18,5) y Uruguay (10,3). Si bien un tercio de las muertes se explica por abortos provocados en condiciones precarias, el resto están directamente relacionadas con problemas de acceso y cobertura y, sobre todo, por el mal manejo de las emergencias obstétricas por parte de los profesionales en un contexto de alarmante incremento de los embarazos adolescentes como problema social.

Este mismo cuadro se observa respecto a la mortalidad infantil: la Argentina tiene una tasa de mortalidad infantil de 11,7 por mil nacidos vivos, mientras que Chile tiene 7,7 y Uruguay 8,9. Esto ocurre en nuestro país a pesar de la existencia de programas de aseguramiento como el Programa Nacer-Sumar del Ministerio de Salud o programas sociales como la Asignación Universal por Hijo o por embarazada. Esto demuestra que la mortalidad materna e infantil tiene causas mucho más profundas, que si bien tienen que ver con determinantes sociales como la pobreza o la insalubridad habitacional, también se relacionan con profundas deficiencias en la calidad de los cuidados sanitarios y el mal uso de los fondos.

Al hablar de desnutrición, es fundamental entonces hablar también de la salud materno-infantil: el grado de salud de la madre, las condiciones en las que un niño llega al mundo y los cuidados que ambos reciben en el momento del parto predicen, sino determinan, las posibilidades que tendrá ese niño de recibir una alimentación adecuada. El retardo en el crecimiento que se produce en los primeros tres años de vida por causa de una nutrición deficiente permanece la vida entera. Los primeros mil días de un niño, desde la concepción hasta los dos años de edad, son críticos para definir sus capacidades. Las privaciones alimentarias y nutricionales de un niño limitan el normal desarrollo de su cerebro, comprometen su desarrollo madurativo y aumentan su riesgo de contraer enfermedades crónicas e infecciosas.

Seguramente, los niños que sufran de una mala alimentación en sus primeros años de vida luego tendrán problemas en el colegio, no porque nacieron con deficiencia, sino porque no pudieron desarrollar su capacidad intelectual. Por eso hablamos tanto de desnutrición infantil como de seguridad alimentaria. Pero la desnutrición no sólo afectará a esos niños: los efectos acumulativos que acarrea la desnutrición infantil se heredan de una generación a otra. Es decir, la desnutrición no sólo limita el ciclo vital de cada persona, sino que afecta a sus hijos, perpetuándose así el ciclo de desnutrición y pobreza que nos hace patinar una y otra vez en el mismo barro.

Ante semejante pronóstico, queremos asegurar las condiciones para que todos los niños que nazcan en el tercer siglo de la Argentina independiente nazcas sanos, de madres sanas y con derechos y oportunidades para desarrollar su potencial. Como parte de nuestro programa Niños Cuidados, proponemos fijar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) en una unidad de cuenta protegida de la inflación y potenciarla para que, a través de la tarjeta de la AUH y AUE, se instrumenten descuentos impositivos para productos que contribuyan a igualar el bienestar y las oportunidades de las madres y sus niños, sobre todo de los más pequeños. Los descuentos se aplicarán sobre, por ejemplo, alimentos saludables, ropa y calzado, libros y otros elementos de estimulación temprana.

Una de las causas de la desnutrición temprana es la falta de estimulación y de un ambiente propicio para que el niño se desarrolle. Por eso, si soy Presidente, cada niño tendrá el derecho a un centro de cuidado desde su nacimiento si sus padres así lo desean. Las guarderías podrán ser públicas, privadas con financiación pública o en el lugar de trabajo de los padres para empresas de cierto tamaño. El Estado dará apoyo y entrenamiento a los padres y tutores de los hogares más vulnerables para mejorar la nutrición y estimulación temprana de los niños en el hogar. Los padres, madres y/o tutores responsables de cada niño tendrán la obligación de mandarlos a escuelas-guarderías desde los tres años.  Y cada niño tendrá derecho al mejor plan para primera infancia de las compañías de salud prepagas, subsidiado por el Estado.

Los programas de infancia temprana son caros pero, bien implementados, suelen tener muy buenas relaciones costo-beneficio porque los beneficios a corto y largo plazo son muy grandes: participación laboral femenina, desarrollo cerebral de los niños, rendimiento escolar, mayores ingresos laborales, menor criminalidad, y la sostenibilidad del Estado de Bienestar.

Para asegurar la correcta implementación de nuestros programas, evaluar su impacto y detectar casos de desnutrición a tiempo, crearemos el Primer Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Argentina. El Observatorio desarrollará indicadores de desnutrición de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de Salud y de la UNICEF y definirá los sistemas de alertas y respuestas en forma organizada desde los niveles locales, provinciales y nacionales, sumando las acciones de todos los sectores que conforman la sociedad. La desnutrición es reversible si es detectada a tiempo. Por eso, el Observatorio también incorporará al lote de enfermedades de denuncia obligatoria a la desnutrición en mujeres embarazadas y en niños desde recién nacidos y hasta los cinco años.

Como forma de complementar el trabajo del Observatorio, buscaremos colaborar desde el Estado con los esfuerzos que organizaciones civiles están haciendo, desde hace años, para solucionar esta problemática. Por ser de carácter estructural, la desnutrición y la mortalidad materna e infantil son problemas que nos concierne y nos afectan a todos. La única forma de arrancarlos de raíz es coordinando esfuerzos e involucrando a todas las partes de la sociedad a través de la concientización y la formación de padres, pediatras y maestros, y la provisión de espacios y herramientas. Trabajemos juntos para que las madres argentinas estén cuidadas y para que nuestros niños puedan crecer y desarrollarse sanos y con igualdad de oportunidades.

 

Un debate sincero sobre el aborto

No tengo problema en admitir que tengo una contradicción interna con respecto a la despenalización del aborto. Una contradicción que me empuja  a reflexionar más profundamente, más humanamente y más atento al contexto.

Sabemos que en el país se realizan alrededor de 400.000 abortos por año y que, por ejemplo, en el año 2010, más de 50.000 mujeres estuvieron internadas en hospitales públicos por complicaciones en un aborto. También sabemos que en las últimas tres décadas el aborto fue la primera causa individual de muerte materna.

Por un lado, una profunda convicción personal me lleva a reprobar el aborto y, por el otro lado, sé que estas muertes maternas son evitables porque el aborto es una práctica segura si se realiza en las condiciones adecuadas. No podemos discutir este tema soslayando estos datos porque lo transformaríamos en un debate académico.

Nuestro Código Penal contempla la figura del aborto, ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Pero la realidad es que las mujeres que se encuentran incluidas en los alcances de la no punibilidad (riesgo de salud, riesgo de vida y violación) deben enfrentar todas las dificultades imaginables cuando se presentan en hospitales públicos para llevarlo adelante. Todos sabemos que quien quiere o necesita interrumpir un embarazo lo va a hacer. La diferencia estará en cuán segura va a ser la práctica y eso dependerá de sus posibilidades económicas y de su educación. Aquí, como en pocas situaciones, se expresa la injusticia de la desigualdad social.

Un debate sobre el aborto en términos respetuosos sería un indicio de madurez social. Ni la oposición a la legalización del aborto es una posición retrógrada ni la defensa del derecho a decidir por parte de las mujeres y la protección del Estado para que lo hagan en condiciones dignas es un permisivismo amoral. Al mismo tiempo, sabemos que de los alrededor de 700.000 nacimientos que hay por año, el 16% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años (en algunas provincias este sector equivale al 25%) y más de 3.000 son de niñas de 10 a 13 años. Esta es una realidad que cachetea más allá de cuánto gritemos en los debates, porque sabemos que el gravísimo problema de los embarazos adolescentes no se soluciona despenalizando el aborto.

Creo profundamente en las libertades individuales que implican los dos primeros enunciados de la frase “educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir”, empleada por las organizaciones de mujeres. Y creo que desde el Estado no pueden ahorrarse los esfuerzos para evitar que cualquier mujer, tenga la edad que tenga y sea de la condición social que sea, atraviese el profundo drama que significa enfrentarse a la decisión de practicarse un aborto.

Por eso propongo iniciar un debate profundo y sincero sobre el aborto y tomar medidas inmediatamente para garantizar la educación sexual y la salud reproductiva en nuestro país. Esto mismo hice cuando fui intendente de San Rafael: mantuve la ley en los servicios de salud municipales, más allá de que una medida cautelar la hubiera suspendido en la provincia de Mendoza.

Quiero dejar bien en claro mi postura: personalmente estoy en contra del aborto. Esto tiene que ver con mis más profundas convicciones personales y mi concepto de vida. Pero creo que estas son construcciones colectivas acordes con los tiempos que vivimos, por lo que no me opondría a una decisión conjunta de mi bloque ni del Senado en general. Si soy Presidente, no vetaría esta ley si saliera por la mayoría del Congreso. Que este tema esté en la agenda legislativa del próximo período presidencial es mi compromiso.